Recientemente, la Región Autónoma de Madeira (Portugal) ha sido reconocida de manera oficial por la Comisión Europea como la primera región europea libre de transgénicos. Sin duda es una gran noticia, puesto que hasta la fecha la UE se había resistido a otorgar este tipo de reconocimiento a pesar de que eran muchas las regiones y municipios europeos que lo habían solicitado, incluidas muchas zonas españolas.
La Unión Europea, como órgano destacado del capitalismo neoliberal imperante, mantiene una política favorable a las grandes multinacionales relacionadas con los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), que incluyen tanto a las productoras de semillas y agrotóxicos (Monsanto, Syngenta, Dupont, BASF...) como a la industria farmacéutica (GlaxoSmithKline, Roche, Bayer, Novartis, Pfizer, Merck..) Esta política trata de introducir los transgénicos en la agricultura europea y en el mercado de comestibles. Sin embargo, tiene la oposición de la mayoría de los países europeos que se niegan a introducir su cultivo, salvo España.
España cultiva el 80% del maíz transgénico de Monsanto de toda la Unión Europea (única variedad aprobada hasta la fecha para su cultivo a gran escala en Europa). Además permite el cultivo experimental a cielo abierto de otras variedades de OGM, con todos los riegos para el medio ambiente y la salud que de ello deriva. Pero, ¿por qué somos la mayor potencia transgénica de Europa? ¿Por qué actuamos en contra de los criterios de la mayoría de países europeos?
La explicación más plausible que encontramos es la estrecha relación entre la industria del sector y la administración. Veamos cómo funciona el entramado legal y político de los transgénicos en España.
Por un lado, tenemos el órgano científico sobre el que el Gobierno deja la responsabilidad de aprobar los cultivos de transgénicos que es la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB) compuesta por 46 miembros de los cuales sólo 7 son científicos (todos ellos del ámbito de la biotecnología), el resto son representantes de varios ministerios y administraciones autonómicas. Lo primero que llama la atención es la ausencia de científicos relacionados con otros ámbitos cruciales en este caso (salud, medio ambiente,...) y de representantes de la sociedad civil.
Por otro lado, tenemos los lobbies de la industria presionando al Gobierno para conseguir el máximo de privilegios para sus representados. Echemos un vistazo a los más importantes:
- Fundación Antama: ejerce de relaciones públicas de la industria, organiza actos y se encarga de la publicación de libros favorables al sector. Su presidente es Delfí Biosca (ex-director de Syngenta Seeds), su vicepresidente es Carlos Vicente (director de biotecnología de Monsanto).
- ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas)
- ASAJA (sindicato agrario)
- SEG (Sociedad Española de Genética)
- ICAM (Instituto de Cuestiones Agrarias)
Finalmente, están los ministerios implicados en la materia: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Industria y Ministerio de Sanidad y Política Social.
Empecemos por los ministerios. El MARM, dirigido por Elena Espinosa, tiene las competencias en agricultura y se ha caracterizado en los últimos tiempos por su marcado carácter mercantilista (a pesar de su “aparente” apoyo a la agricultura ecológica). Este ministerio fue creado para fusionar agricultura y medio ambiente y así poder eliminar cualquier traba que pudiera plantearse a nivel medioambiental sobre el cultivo de transgénicos.
Industria, está dirigido por Miguel Sebastián (conocido defensor de la energía nuclear y artífice de la bajada de importancia de las energías renovables en nuestro país).
Sanidad tiene al frente a Trinidad Jiménez que ya nos deslumbró con su gestión de la “pandemia” de la gripe A y sus negocios con las farmacéuticas para comprar millones de vacunas innecesarias. Anteriormente, teníamos en el puesto a Bernat Soria que tras su fugaz paso por el ministerio (dejándonos otro chanchullo de vacunas gracias a las del cáncer de cuello uterino), ahora trabaja para los laboratorios Abbott.
Hemos dejado para el final al Ministerio de Ciencia e Innovación. Al frente tenemos a Cristina Garmendia, el ejemplo más claro de trabajo para la industria. Garmendia ha sido presidenta de ASEBIO (recordad los lobbies), fundadora de la empresa Genetrix que aglutina a muchas de las compañías españolas de biotecnología, presidenta de la fundación Inbiomed (financiada con dinero público) dedicada a la investigación genética con fines farmasanitarios.
Parece clara la estrecha relación entre los ministerios implicados en el tema de los transgénicos y la industria del sector. Vayamos ahora a por la CNB que, al fin y al cabo, es el organismo que toma las decisiones.
Es evidente que los 39 miembros no científicos del CNB, se dedican a seguir las directrices marcadas por sus superiores en los diferentes ministerios. Para no darlo por hecho, vamos a poner un ejemplo. Armando Albert representa al Centro de Información y Documentación del CSIC. Es socio fundador y ex-presidente de SEBIOT, (Sociedad Española de Biotecnología) entidad fundadora y miembro de la Fundación Antama. En su momento, firmó un manifiesto a favor de los transgénicos promovido por ASEBIO.
Se pueden dar más ejemplos, pero creo que os hacéis a la idea.
Por último vamos a ver las conexiones de los auténticos científicos del CNB con la industria del sector.
Tenemos a Pere Puigdomonech, profesor de investigación del CSIC. Este imparcial miembro del CNB realiza actos con la Fundación Antema y escribe libros pro transgénicos que Monsanto publicita y vende.
Pedro Castañera es investigador del CSIC y presidente de INIA, (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) participante habitual en jornadas de Monsanto y Antema. En la misma línea podemos incluir a Rafael Pérez Mellado, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, y a Fernando González Candelas que es catedrático y profesor titular de Genética en Universidad de Valencia.
Por último, tenemos a Florentino Juste, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) que ha tenido varios proyectos financiados por Syngenta, Basf o Novartis.
A la vista de todas las conexiones descritas, parece fácil comprender la permisividad del Gobierno español con los transgénicos. Sin embargo, no deja de sorprender el rechazo de los mismos en el resto de Europa, puesto que es más que probable que en esos países las multinacionales también tengan lobbies de presión. ¿Por qué entonces sólo nosotros permitimos los OGM? ¿Le dan más dinero a nuestras instituciones que a ninguna otra? ¿Se conforman con menos? La verdad es que no lo sé, tal vez sea ese afán español de servilismo hacia los EEUU o, a lo mejor, es que somos tan ignorantes que pensamos que permitiendo la entrada de transgénicos en nuestros campos vamos a ponernos a la vanguardia mundial.
La Unión Europea, como órgano destacado del capitalismo neoliberal imperante, mantiene una política favorable a las grandes multinacionales relacionadas con los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), que incluyen tanto a las productoras de semillas y agrotóxicos (Monsanto, Syngenta, Dupont, BASF...) como a la industria farmacéutica (GlaxoSmithKline, Roche, Bayer, Novartis, Pfizer, Merck..) Esta política trata de introducir los transgénicos en la agricultura europea y en el mercado de comestibles. Sin embargo, tiene la oposición de la mayoría de los países europeos que se niegan a introducir su cultivo, salvo España.
España cultiva el 80% del maíz transgénico de Monsanto de toda la Unión Europea (única variedad aprobada hasta la fecha para su cultivo a gran escala en Europa). Además permite el cultivo experimental a cielo abierto de otras variedades de OGM, con todos los riegos para el medio ambiente y la salud que de ello deriva. Pero, ¿por qué somos la mayor potencia transgénica de Europa? ¿Por qué actuamos en contra de los criterios de la mayoría de países europeos?
La explicación más plausible que encontramos es la estrecha relación entre la industria del sector y la administración. Veamos cómo funciona el entramado legal y político de los transgénicos en España.
Por un lado, tenemos el órgano científico sobre el que el Gobierno deja la responsabilidad de aprobar los cultivos de transgénicos que es la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB) compuesta por 46 miembros de los cuales sólo 7 son científicos (todos ellos del ámbito de la biotecnología), el resto son representantes de varios ministerios y administraciones autonómicas. Lo primero que llama la atención es la ausencia de científicos relacionados con otros ámbitos cruciales en este caso (salud, medio ambiente,...) y de representantes de la sociedad civil.
Por otro lado, tenemos los lobbies de la industria presionando al Gobierno para conseguir el máximo de privilegios para sus representados. Echemos un vistazo a los más importantes:
- Fundación Antama: ejerce de relaciones públicas de la industria, organiza actos y se encarga de la publicación de libros favorables al sector. Su presidente es Delfí Biosca (ex-director de Syngenta Seeds), su vicepresidente es Carlos Vicente (director de biotecnología de Monsanto).
- ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas)
- ASAJA (sindicato agrario)
- SEG (Sociedad Española de Genética)
- ICAM (Instituto de Cuestiones Agrarias)
Finalmente, están los ministerios implicados en la materia: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Industria y Ministerio de Sanidad y Política Social.
Empecemos por los ministerios. El MARM, dirigido por Elena Espinosa, tiene las competencias en agricultura y se ha caracterizado en los últimos tiempos por su marcado carácter mercantilista (a pesar de su “aparente” apoyo a la agricultura ecológica). Este ministerio fue creado para fusionar agricultura y medio ambiente y así poder eliminar cualquier traba que pudiera plantearse a nivel medioambiental sobre el cultivo de transgénicos.
Industria, está dirigido por Miguel Sebastián (conocido defensor de la energía nuclear y artífice de la bajada de importancia de las energías renovables en nuestro país).
Sanidad tiene al frente a Trinidad Jiménez que ya nos deslumbró con su gestión de la “pandemia” de la gripe A y sus negocios con las farmacéuticas para comprar millones de vacunas innecesarias. Anteriormente, teníamos en el puesto a Bernat Soria que tras su fugaz paso por el ministerio (dejándonos otro chanchullo de vacunas gracias a las del cáncer de cuello uterino), ahora trabaja para los laboratorios Abbott.
Hemos dejado para el final al Ministerio de Ciencia e Innovación. Al frente tenemos a Cristina Garmendia, el ejemplo más claro de trabajo para la industria. Garmendia ha sido presidenta de ASEBIO (recordad los lobbies), fundadora de la empresa Genetrix que aglutina a muchas de las compañías españolas de biotecnología, presidenta de la fundación Inbiomed (financiada con dinero público) dedicada a la investigación genética con fines farmasanitarios.
Parece clara la estrecha relación entre los ministerios implicados en el tema de los transgénicos y la industria del sector. Vayamos ahora a por la CNB que, al fin y al cabo, es el organismo que toma las decisiones.
Es evidente que los 39 miembros no científicos del CNB, se dedican a seguir las directrices marcadas por sus superiores en los diferentes ministerios. Para no darlo por hecho, vamos a poner un ejemplo. Armando Albert representa al Centro de Información y Documentación del CSIC. Es socio fundador y ex-presidente de SEBIOT, (Sociedad Española de Biotecnología) entidad fundadora y miembro de la Fundación Antama. En su momento, firmó un manifiesto a favor de los transgénicos promovido por ASEBIO.
Se pueden dar más ejemplos, pero creo que os hacéis a la idea.
Por último vamos a ver las conexiones de los auténticos científicos del CNB con la industria del sector.
Tenemos a Pere Puigdomonech, profesor de investigación del CSIC. Este imparcial miembro del CNB realiza actos con la Fundación Antema y escribe libros pro transgénicos que Monsanto publicita y vende.
Pedro Castañera es investigador del CSIC y presidente de INIA, (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) participante habitual en jornadas de Monsanto y Antema. En la misma línea podemos incluir a Rafael Pérez Mellado, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, y a Fernando González Candelas que es catedrático y profesor titular de Genética en Universidad de Valencia.
Por último, tenemos a Florentino Juste, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) que ha tenido varios proyectos financiados por Syngenta, Basf o Novartis.
A la vista de todas las conexiones descritas, parece fácil comprender la permisividad del Gobierno español con los transgénicos. Sin embargo, no deja de sorprender el rechazo de los mismos en el resto de Europa, puesto que es más que probable que en esos países las multinacionales también tengan lobbies de presión. ¿Por qué entonces sólo nosotros permitimos los OGM? ¿Le dan más dinero a nuestras instituciones que a ninguna otra? ¿Se conforman con menos? La verdad es que no lo sé, tal vez sea ese afán español de servilismo hacia los EEUU o, a lo mejor, es que somos tan ignorantes que pensamos que permitiendo la entrada de transgénicos en nuestros campos vamos a ponernos a la vanguardia mundial.
Para más información: Amigos de la Tierra
