NO HAY CRISIS EN EL GASTO MILITAR DEL ESTADO ESPAÑOL

Asistimos un día tras otro al recorte de derechos en todos los ámbitos que tantos años y tantas vidas costaron conseguir. Sin embargo, parece que la supuesta necesidad de ahorrar no incluye aquellos aspectos que consideran imprescindibles para mantener la estructura del Estado, sobre todo, aquello que tiene que ver con la represión.

Lo primero, unas pequeñas cifras. En el año 2010 el Estado presupuestó, a través de diferentes partidas, 18.161 millones de euros que finalmente y una vez liquidado dicho presupuesto se convirtieron en cerca de 19.300 millones de euros (porque para el negocio de la muerte siempre hay dinero extra).
Este cálculo del gasto militar se hace con criterios absolutamente oficiales propuestos por la misma OTAN y por el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) dichos criterios son los siguientes:
- Gasto de las fuerzas armadas.
- Gasto del personal civil o militar con cargo al Ministerio de Defensa.
- Gasto de funcionamiento de los programas militares.
- Gasto de las organizaciones paramilitares (en España tenemos a la Guardia Civil).
- Gasto en I+D e inversiones en armas, infraestructuras e instalaciones militares.
- Pensiones y seguridad social del personal civil o militar del Ministerio de Defensa.
- Ayuda militar y participación en organismos o misiones militares al exterior.

Bien, de los 18.161 millones 9.154 son directamente destinados al Ministerio de Defensa, el resto se reparten entre los criterios citados anteriormente. De estos 9.154 millones, el Ministerio dedica casi 1.500 millones a la compra directa de armamento, es decir, se dedica más dinero anualmente a comprar instrumentos de muerte que lo que se ha ahorrado, por ejemplo, con la congelación de las pensiones aprobadas por el Gobierno (que representaron 1.400millones). Esto pone de manifiesto las prioridades de los políticos que dicen representarnos pero que, a la vista de los datos, representan mucho más al conglomerado industrial dedicado a la muerte que a los millones de pensionistas de este país. Este es el respeto que les merecen nuestros mayores y demás pensionistas a los políticos. A estos 1.500 millones hay que sumar casi 1.000 millones más en inversión militar (logística) con lo que tenemos que el año pasado se invirtieron cerca de 2.500 millones de euros lo cual supone un 10% de las inversiones del Estado, es decir, 1 de cada 10 euros que invierte el Estado es para matar a seres humanos, porque lo llaman material de defensa pero sólo sirve para el ataque indiscriminado hacia el oprimido como, por ejemplo, los asesinatos que cometen los soldados españoles en Afganistán, Libia, Líbano, ...

Por otro lado, tenemos el capítulo de inversión en I+D con fines militares. Se divide en 232 millones gestionados por el Ministerio de Defensa y en 950 millones gestionados por el Ministerio de Industria. Estos 950 millones salen en forma de crédito, esta fórmula lleva funcionando desde 1997 con el único fin de hacer creer a la ciudadanía que no dedicamos apenas nada (como si 232 millones de euros no fueran nada) a la investigación militar y ya acumula un crédito por valor de 14.205 millones de euros, de los cuales no se ha devuelto nada ni hay ninguna intención de hacerlo.
La inversión en I+D militar supone un 13% de la inversión en I+D total del Estado.
Vamos a ponerle cara a estas cuestiones con algunos datos que tan fácil hacen comprender la magnitud del asunto.

Algunos indicadores del gasto militar 2010:
- Gasto militar por día: Casi 53 millones de euros (19.300 millones entre 365 días)
- Gasto por habitante/año: 410 euros (19.300 millones entre 47 millones de habitantes según censo)
- Gasto militar respecto al PIB: 1.8%
- Gasto militar respecto al presupuesto total: 4.70%

Como ya hemos dicho, el gasto militar total del año pasado rondó los 19.300 millones de euros que si bien supone una rebaja con respecto al año anterior (19.700 millones), es infinitamente superior al gasto del 2003 (15.800 millones) y del 2004 (16.900 millones) donde España estaba en plena efervescencia económica y participaba de la guerra imperialista en Irak. La cifra récord de gasto militar en España se produjo en 2008 con 20.600 millones de euros. Es decir, mientras que la población empezaba sentir en sus carnes el coste social y personal de la famosa crisis económica.

Todas estas cifras no vienen sino a reforzar la idea de que como siempre la crisis sólo la sufre el pueblo. Nos imponen recortes en todos nuestros derechos sociales, económicos, laborales porque según el Estado son imprescindibles, sin embargo, no hay recortes en gastos absolutamente innecesarios como el militar (entre otros ejemplos, como los privilegios políticos, rescates bancarios, financiación de partidos y otros tipos de entidades).
El Estado cree imprescindible mantener y aumentar el dinero destinado a la industria de la muerte por dos razones básicas:
- Necesita imperiosamente mantener un gran poder represivo frente a las posibles exigencias del pueblo (llegando a la desfachatez de sacar el ejército a la calle para tomar los aeropuertos durante la huelga de controladores). En numerosas ocasiones hemos leído sobre la violencia estructural y directa que este sistema ejerce sobre las personas y el entramado militar forma parte importante de esta violencia por eso, el Estado, no tiene ningún problema en despilfarrar miles de millones de euros en la industria de la muerte mientras en este país hay casi 10 millones de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
- Por otro lado, el negocio de la muerte reporta unos beneficios astronómicos a dicho sector industrial. España se ha convertido en el sexto exportador mundial de armas y de paso ha vulnerado todas las leyes habidas y por haber vendiendo armas indiscriminadamente a países inmersos en guerras y conflictos. Teniendo en cuenta que las empresas del sector son grandes corporaciones de las que utilizan todos los mecanismos a su alcance para evadir impuestos y que basan su producción en subvenciones estatales que no son devueltas ni reclamadas, el negocio es más que redondo.

Por todo esto, es importante tener siempre presente que no hay ninguna justificación para realizar ningún gasto militar. Dicho gasto sólo sirve para engendrar muerte y destrucción, no hay ni una buena razón que justifique la necesidad de ejércitos ni la construcción de armas.

El total reconocido de dinero tirado en el gasto militar durante la última década asciende a una cifra cercana a los 190.000 millones de euros. Sólo con esto y los 149.000 millones utilizados para el rescate directo de bancos y procesos de fusión de cajas tendríamos la mareante cifra de 339.000 millones de euros. Sabiendo esto, no creo que sea posible mantenerse impasible ante el expolio que significa esta crisis que nos están vendiendo.
A esta mareante cifra añadamos los 80.000 millones de euros defraudados en 2010 (según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra y reconocido por el propio cuerpo de inspectores de hacienda). Ahora, hagamos un ejercicio de imaginación e ingeniería matemática que tanto gustan a ese ente llamado “mercado” y supongamos que en los últimos diez años la media de dinero defraudado sea tan sólo de 50.000 millones (multiplicado por diez tenemos 500.000 millones) esto sumado a los 339.000 millones anteriores nos da unos 839.000 millones de euros.
Esta cifra es suficiente para saldar la deuda del Estado Español y terminar de raíz con su supuesta crisis (recordemos que el objetivo marcado por la UE para España es la reducción de 65.000 millones de aquí al 2013).

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INICIANDO EL CAMINO

¿Se puede echar a andar sin conocer el destino final? ¿Podemos iniciar la revolución aunque no todos estemos de acuerdo en el objetivo final? ¿Debemos aguardar a tener una propuesta teórica firme y un plan de acción basado en ella?

Todas estas cuestiones y muchas otras me vienen a la cabeza continuamente desde que tomé conciencia del mundo en que vivo y de las reglas del juego que se le aplican.

Como muchos otros, me siento indignado cuando contemplo el mundo tan desigual del que formo parte, sin embargo, muchas veces esa indignación se convierte en rabia cuando compruebo cómo a mi alrededor son demasiadas las personas que viven ignorando, unos voluntariamente y otros sin tener la más remota idea, el desastre al que estamos abocados.
Escucho, sin dar crédito a lo que oigo, cómo grandes y prominentes políticos e intelectuales de la actualidad afirman que hemos llegado a la cúspide de la evolución de la civilización, que jamás hemos vivido en un sistema tan perfecto como éste y que jamás lo haremos. Afirman que el modelo de democracia representativa (no tan extendido por el mundo como nos quieren hacer ver) y el modelo económico capitalista (éste, por desgracia, mucho más extendido) forman un binomio insuperable que favorece el máximo esplendor de la raza humana (sin ir más allá, diré que para estos tipejos la raza humana sólo se compone de los habitantes del llamado Occidente y las elites locales del resto del planeta). Nos advierten que no hay nada más justo que este sistema que según ellos garantiza el bienestar de la población.
Hasta ahora parecía que la gente creíamos a pies juntillas en estas palabras y que el hecho de que dos terceras partes del planeta vivieran al borde de la muerte era exclusivamente culpa suya por no abrazar este binomio político-económico.

Afortunadamente, los pueblos de España han echado a andar y una creciente ola de indignación con el sistema actual y de solidaridad entre iguales se está propagando por las calles. Han sido necesarias infinitud de leyes y políticas injustas y claramente hechas a la medida del capital para que despertáramos pero por fin ha sucedido. Tras las manifestaciones del pasado domingo, las acciones más o menos organizadas se vienen sucediendo cada vez en más ciudades. Docenas de asambleas improvisadas van surgiendo con la esperanza de dar voz a todos los que tienen algo que aportar y con el objetivo de canalizar y articular toda la rabia y la indignación acumuladas tras años de barbarie capitalista y de medidas contra los seres humanos.

Estas asambleas están empezando a dar sus frutos en forma de propuestas entre las que están:
- Reforma de la ley electoral.
- Implantar la dación en pago.
- Eliminación de los privilegios de la clase política.
- Reparto del trabajo.
- Anulación de la reforma laboral y de las pensiones.
- Servicios públicos de calidad.
- Devolución del dinero regalado a los bancos.
- Control real de la evasión fiscal.
- Abolición de la Ley Sinde.
- Reducción del gasto militar.

Estas y muchas más son las que se están debatiendo ahora mismo en las calles y plazas del país. De momento se trata sólo de ver propuestas y encontrar puntos en común, pero lo que está claro es que se está haciendo más por la democracia en esta última semana que en los últimos veinticinco años.

No obstante, hablando desde mi punto de vista particular, hay un gran objetivo que debe ser tenido en cuenta para lograr esa tan ansiada democracia real: es imprescindible que tarde o temprano nos enfrentemos al reto de dotarnos de una nueva Constitución que garantice esa democracia al servicio de las personas que tantos estamos reclamando. Sólo desmontando la actual Constitución cuya gran finalidad era, y es, mantener intactas las estructuras de poder surgidas y apuntaladas durante la Dictadura, se podrá conseguir garantizar una sociedad justa e igualitaria con el derecho y la obligación de participar en su propia construcción.

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GUERRA EN LIBIA

Otra guerra ha estallado y ya hemos perdido la cuenta de las veces que lo hemos dicho. Esta vez pretenden engañarnos diciendo que esto no es una guerra cualquiera si no que es para salvar las vidas de la población libia amenazadas por su tiránico líder. Yo, en esta afirmación, tan sólo veo una prueba más de lo mal que está el mundo y de cuan distorsionados están los valores que lo rigen cuando casi todo el mundo da por bueno que es necesario que muera gente para imponer la paz.
Esta es la historia de la última cruzada del poder capitalista:
Libia es un país del norte de África donde vive muy poca gente y hay muchísimos recursos valiosos (petróleo, gas, agua, bancos de pesca, ...), durante los últimos cuarenta años ha sido gobernada con mano de hierro por Muamar el Gadafi (no sé cuál es la ortografía exacta del nombre y me he decidido por ésta) que a lo largo de este periodo de tiempo ha pasado de ser un sanguinario terrorista a un magnífico dirigente y por último se ha convertido en un tiránico dictador (todo esto desde el punto de vista de la prensa occidental, por supuesto) en función de su mayor o menor disposición a dejar que las grandes corporaciones transnacionales expoliaran, o no, los recursos de su país. Durante la última década se le consideraba un excelente dirigente y aquí en España, todavía recordamos cuando instaló su enorme jaima en medio de los jardines del Pardo en la capital del Estado. Eran otros tiempos y Gadafi permitía que Repsol tuviera su parte del pastel petrolero de Libia. Igual que en España sucedía en todos los “países democráticos”. Sin embargo, en 2009 se truncó este idilio cuando anunció que iba a dar marcha atrás y volver a nacionalizar el petróleo para conseguir mayores dividendos para los ciudadanos libios. Volvió a convertirse en terrible dictador para los medios occidentales y, por ende, para todos los que nos informamos a través de ellos.

Con estos antecedentes llegamos a la actualidad. Una actualidad marcada por la diversas “revoluciones” en países norteafricanos y de la península Arábiga. Unas “revoluciones” nacidas de la necesidad de libertad y de la necesidad a secas pero, seguramente, manipuladas hasta tal punto que han quedado reducidas a la nada (en Egipto se ha ido Mubarak y ahora manda otro militar y parece como si hubiera cambiado algo, al menos a los ojos de los países capitalistas). Al parecer éste era el camino a seguir para Libia; pero se han encontrado con un obstáculo con el que no contaban: el ejército y muchos ciudadanos libios apoyan a ese malvado dictador, algo incomprensible para las estrechas mentes de los estrategas occidentales.

Ante la intolerable situación que se les presentaba, rápidamente los países con empresas interesadas en Libia acudieron a la ONU (ese supuesto Gobierno Mundial que sólo sirve para legitimar barbaries en pro del sistema global) para conseguir una resolución del Consejo que autorizara la guerra sin mayores problemas. Dicho y hecho, la Resolución 1973 autoriza a utilizar todos los medios disponibles para proteger a los civiles y a las áreas pobladas bajo amenaza de ataque (un texto muy bonito pero que pronto se ha visto superado por las acciones de los países que participan en la ofensiva). Antes de seguir adelante, quiero mencionar expresamente la cobardía de tres países: China, Rusia y Alemania. Estas naciones suelen fanfarronear de su independencia y su poderío, sin embargo, su abstención en las votaciones viene a confirmar su sumisión ante el poder imperial. También hay que destacar que esta vez la diplomacia norteamericana ha sido un poco más hábil que de costumbre y ha dejado que Francia cargue con la responsabilidad de llevar la voz cantante en el asunto con Sarkozy al frente, necesitado de un golpe de efecto ante sus compatriotas para evitar su descenso a los infiernos políticos en las próximas elecciones (Sarkozy espera que esto le funcione tan bien como le funcionó a Margaret Thatcher la guerra de las Malvinas).

Con todo ello, la guerra ya se ha iniciado con los ataques aéreos por parte de los países (que son unos cuantos, entre ellos cómo no España, con Zapatero a la cabeza dando un paso más en su “Alianza de Civilizaciones”). Y no sólo ha empezado si no que cuenta con el respaldo de una opinión pública totalmente mediatizada por las interesadas informaciones facilitadas sobre las supuestas atrocidades cometidas por un enloquecido ejercito sobre una población indefensa. Este respaldo se ve en todo el espectro político “democrático”, desde las derechas que lo ven como algo ineludible y que ya debería haberse puesto en marcha hace tiempo, hasta las izquierdas que lo ven como un mal menor con tal de evitar la masacre.

Por supuesto, este artículo no es una defensa de Gadafi y su régimen, es más bien una crítica a todos esos valedores de la intervención por su valentía contra Libia y su aparato estatal. Desde aquí les pregunto a todos esos compinches del capital y del imperio de las armas:
¿Por qué no exigen también una intervención en otros países en situaciones similares y muchísimo peores?
¿Por qué no una intervención militar en el Estado de Israel que lleva décadas masacrando a un pueblo indefenso como el palestino que sólo quiere paz y libertad?
¿Por qué no una intervención militar en Colombia donde los derechos humanos son papel mojado y las muertes se cuentan por miles y los desplazamientos por millones?
¿Por qué no una intervención militar en Arabia Saudí donde la tiranía impera desde hace muchos años y los derechos son sólo para la familia real y los extranjeros afines?
¿Por qué no una intervención militar en China donde su capitalismo totalitario manda a la muerte prematura a millones de trabajadores indefensos?
¿Por qué no una intervención militar en Guinea ecuatorial cuyo eterno dictador ha condenado a la pobreza eterna a su pueblo?
¿Por qué no una intervención militar en Honduras donde gobierna un golpista a base de represión?
¿Por qué no una intervención militar en Marruecos donde la dinastía real condena a la inanición al pueblo saharaui?

Hay tantas preguntas que serían infinitas, sin embargo, una sola respuesta vale para todas: todos estos países son piezas que funcionan perfectamente en el engranaje capitalista mundial y en los planes que la elite político-económica ha dispuesto para la humanidad.Cualquiera que se sienta tentado de aceptar la ignominiosa resolución 1973 de la ONU que se haga estas preguntas y que piense si la mejor manera de conseguir la paz y la libertad es a través de las armas y la destrucción.

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“¡VAYA SORPRESA!”: LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SE FORRAN

Espero que a estas alturas de la película a nadie le sorprenda el título de esta entrada. Si alguien pensaba que esto de la crisis económica es para todos y que todos la pagamos por igual vamos a echar un pequeño vistazo a algunos datos que aclaran la situación.
Por un lado, veamos cómo ha ido el pasado año para el común de los mortales en nuestro país. En primer lugar, a nadie se le escapa el enorme crecimiento del número de desempleados que oficialmente alcanzaba la cifra de 4,3 millones de personas aunque la realidad nos indica que esa cifra supera ampliamente los 5 millones. A este dato hay que añadir la que nos han vendido como “necesaria reforma de las pensiones” que nos obliga a trabajar hasta los 67 años sin por ello garantizarnos el cobro de nuestra pensión al final de tan penosa y dilatada vida laboral (por cierto, todo lo contrario que nuestra estimada casta política que les basta con sólo siete años para recibir de por vida una pensión que dobla con creces la máxima a la que nosotros podemos aspirar).
Echando más leña en la hoguera prendida para consumir a los trabajadores, tenemos la reforma laboral que sobrepasa ampliamente el mejor de los sueños de cualquier tratante de esclavos. Con un golpe del poder político-económico, sin respuesta por nuestra parte, nos hemos quedado a merced de la voluntad de las grandes empresas; sin ningún tipo de derecho por nuestra parte para poder, siquiera, defender lo que es justo según este sistema.
En la actualidad, la patronal y los “sindicatos” mayoritarios siguen negociando para socavar los pocos derechos de los trabajadores que permanecen incólumes hasta el momento, lo cual hace presagiar que la situación puede ir a peor.

Con todas estas decisiones tomadas por nuestros políticos, tanto los del Gobierno como los de la oposición, hemos llegado a una situación en que la precariedad e inseguridad laboral son el pan de cada día y son un abono perfecto para la acumulación de riqueza y poder por parte del empresariado patrio y para el aumento de la pobreza material en la mayoría de los ciudadanos.

Así vemos, que los resultados del año 2010 de las principales empresas nacionales (las que cotizan en el Ibex 35) ha sido casi un 25% superior al del año anterior, consiguiendo unos beneficios de 49.881 millones de euros en un año en el que muchos han visto cómo las entidades financieras les robaban sus hogares después de haberles exprimido al máximo y cómo los empresarios les dejaban en la calle sin ninguna posibilidad de seguir manteniendo su sustento, siempre con la complicidad política, no lo olvidemos.
Podemos destacar el resultado obtenido por Telefónica (o Movistar o como se llame) que ha obtenido beneficios por valor de 10.167 millones de euros convirtiéndose en la empresa líder en ganancias de nuestro país y llegando a niveles más altos de beneficios que los obtenidos antes de la crisis, con lo que empezamos a vislumbrar quién sufre los golpes y quién disfruta. Por supuesto, para obtener estos resultados los despedidos y las deslocalizaciones (marca de la casa de esta empresa) han estado muy presentes en el día a día de los trabajadores de la empresa y ya están planteando un nuevo ERE para este año, amén de las famosas prejubilaciones de esta compañía. Encima, ahora atacan a sus usuarios con un aumento más que salvaje en sus tarifas que no son, precisamente, de las más baratas.

Por supuesto, hay otras empresas a las que queremos referirnos. Por un lado, las entidades bancarias donde destacamos al Santander con ganancias de 8.181 millones de euros, el BBVA con 4.606 millones, Repsol YPF con 4.693 millones y Endesa con 4.129 millones. Estas cinco empresas acumulan más del 60% de los beneficios empresariales en España y no es nada descabellado pensar que acumulan una proporción similar de poder en la toma de decisiones políticas en el país si tenemos en cuenta que sólo la economía se considera importante en la política actual.
Con todo este nivel de beneficios ni que decir tiene que el reparto es cosa de unos pocos, en concreto de los altos ejecutivos de las empresas. No tengo constancia de los datos del 2010 pero el año anterior os puedo decir que alguien como Alfredo Sáenz (consejero delegado del Banco Santander) más de 10 millones sólo en sueldos.
Todos estos potentados del capitalismo dirigen sus empresas y al Estado (sólo hay que ver las periódicas reuniones con el Gobierno) en beneficio propio con la única finalidad de enriquecerse sin límites y explotar hasta la extenuación los recursos tanto físicos como mentales de los ciudadanos. Así es la situación en la que vivimos donde unos pocos se enriquecen gracias al esfuerzo de la mayoría, mientras esa misma mayoría se conforma con tener algo que comer y poder sentarse a ver la televisión y olvidarse así de su situación.

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ANTE NUESTRA APATÍA

Siguen pasando los días y se siguen sucediendo las decisiones políticas que nos acercan inexorablemente al fin del Estado del Bienestar tal y como ya dijimos anteriormente.
Aprovechando el acaparamiento mediático por parte de controladores aéreos y atletas, prácticamente han pasado desapercibidas una nueva batería de decisiones cuyo único propósito es el de favorecer a las elites económicas.
De nuevo, nuestro gobierno de falsos socialistas, se arrodilla ante el poder del dinero y acata sus deseos apretando un poco más la soga que rodea nuestros cuellos y que estos criminales que presiden las grandes corporaciones nos pusieron hace largo tiempo.

Vuelven a la carga en su proceso de privatización de entidades públicas. Esta vez, lo han hecho con una gran parte de AENA (posiblemente éste sea el origen de los decretazos del gobierno y la respuesta de los controladores) y de las Loterías y Apuestas del Estado a cambio de poco más de 15.000 millones de euros que, por supuesto, irán destinados a pagar esa famosa deuda que las propias elites financieras propiciaron y de la que ahora se siguen beneficiando. Esta privatización significa la renuncia al ingreso anual que daban estas entidades y que pasarán directamente a las arcas de la empresa privada. Esta falta de futuros ingresos llevará a un mayor recorte del gasto social y ambiental que es lo que al parecer es más prescindible en opinión de los "políticos democráticos". Este recorte se observa claramente en la decisión de eliminar la ayuda de 426 euros a los parados sin ninguna otra prestación y que inevitablemente condenará a miles de personas a la indigencia y a la beneficencia (muchas de las organizaciones que se dedican a ello se han convertido en el verdadero sistema de sustento para muchísimas familias españolas).
Uno podría pensar que el aumento de beneficios que el Gobierno facilita a las grandes corporaciones se podría ver compensado con la subida de impuestos a estas mega empresas y a los inmensos salarios que cobran sus directivos. Nada más lejos de la realidad, el único impuesto que sube es el del tabaco (recurso fácil para los políticos que se amparan en el beneficio para la sanidad pública, a pesar de que esta sanidad está cada día más abandonada y abocada a la privatización). Por contra, disminuyen los impuestos de las grandes empresas. Así, se amplía el régimen de libertad de amortización para inversiones nuevas, se las declara exentas del Impuesto sobre Operaciones Societarias, se elimina el pago a las Cámaras de comercio y se suprime la obligación de publicar sus actos en los medios de comunicación (¡esto sí que es transparencia!). Si a estas ventajas fiscales concedidas les añadimos las anteriores decisiones tomadas en torno a los impuestos sobre patrimonio, sociedades y las SICAV (sociedad de inversión de capital variable, que no son más que un método oficial y legal para evadir impuestos y divisas que tienen las elites económicas), no se puede pensar otra cosa que no sea que los verdaderos gobernantes no son los políticos si no los banqueros y grandes magnates. Para ponerle la guinda al pastel añadamos el nulo interés de los gobiernos por terminar de una vez por todas los paraísos fiscales y por grabar las grandes operaciones especulativas.

En España hemos pasado en pocos años de estar en la cresta de la ola a estar totalmente sometidos al yugo neoliberal. Con esta secuencia de acontecimientos es inevitable pensar, sólo hay que ver el paralelismo con otros países, si todo esto no forma parte de una estrategia de largo recorrido bien meditada y destinada a exprimir a una sociedad sin que ésta tenga conciencia de ello.

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LORCA: Réquiem por las Cajas de Ahorros

El Gobierno español ha conseguido finalmente la cuadratura del círculo con un nuevo paso en la implementación de las teorías económicas neoliberales en España. El camino ha sido difícil pero ya podemos considerarnos como los mejores vasallos del poder financiero que domina los designios del mundo.

Tras las multimillonarias ayudas al sector bancario (curioso este tema: por un lado necesitan miles de millones de dinero público y, por otro lado, resulta que son los bancos más sólidos de Europa), la reforma laboral que socava los derechos de los trabajadores, el recorte de salarios en las administraciones públicos, la congelación de las pensiones y el fondo de 13.500 millones para las cajas de ahorros; ahora lanza el ataque final y aprueba la reforma de la LORCA (Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros).
El presidente “socialista” (con lo de socialista se referirán a sociedades anónimas por que si no, no se entiende) ha manifestado que es la reforma más importante del sistema bancario español de la historia (es curioso que dicha reforma sólo se centre en las cajas de ahorro que apenas conforman la mitad de ese sistema) y que cuenta con el apoyo de la oposición. Hay que ver, lo mal que se llevan socialistas y populares y lo poco que les cuesta ponerse de acuerdo sobre temas económicos. No hay nada como tener a las instituciones internacionales dictando las políticas a seguir para conseguir el consenso entre “enemigos políticos”.

Bueno, vayamos al grano de por qué la reforma de la LORCA nos lleva hacia la desaparición del sistema de cajas de ahorro.
Las cajas de ahorro son, en teoría, entidades sin ánimo de lucro. Por ley deben dedicar un mínimo del 50% de sus beneficios a un fondo para asegurar su solvencia y el resto a Obra Social. Normalmente, se destina entre el 60% y el 70% a dicho fondo. Huelga decir que al no tener dividendos que repartir no hay accionistas privados ni cotizan en bolsa.

Tras la reforma se establecen una serie de cuestiones encaminadas, se mire por donde se mire, a privatizar a las cajas y convertirlas en bancos comerciales al uso:

Permite emitir cuotas participativas, es decir, acciones como en las sociedades anónimas, por un valor no superior al 50% del patrimonio de la entidad.
Establece la incompatibilidad de los cargos públicos electos para ser miembros de los órganos de dirección y se impide la participación de representantes de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.
Las entidades podrán ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y podrán optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, así como transformarse en una fundación renunciando a su condición de caja.

Esta reforma nos lleva hacia el siguiente panorama, gracias a la política económica neoliberal del gobierno:
Con los miles de millones de dinero público inyectados en sus cuentas, bancos como el Santander o el BBVA podrán apoderarse de las cajas de ahorro y, de paso, de los miles de millones de dinero público que obtuvieron a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). O sea, un negocio redondo que no les va a costar un céntimo. Lógicamente, al convertirse en accionistas no les queda otra que apartar a los políticos de los órganos de decisión de las cajas para que se puedan sentar los banqueros (toma premio gordo para los culpables de las crisis financieras, en lugar de castigarles les encumbramos). También es obvio que si emiten acciones la mayor parte saldrán del capital que hasta ahora se dedica a Obra Social, puesto que deben seguir invirtiendo un mínimo del 50% de beneficios en el fondo de solvencia.
Una vez todo esto suceda, el siguiente paso es que las cajas cedan su capital a los bancos y acaben convirtiéndose en fundaciones que gestionen la escasa Obra Social que quede, con lo que en pocos años el sistema de cajas de ahorro habrá desaparecido y su Obra Social también. Como no esperamos que ni los bancos ni el gobierno asuman ese gasto social podemos concluir que una gran mayoría de proyectos sociales serán cancelados para siempre, dando otro paso de gigante hacia el fin del estado del bienestar y la privatización de todo servicio público.

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