LA MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA

“La medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano”. Aldous Huxley.

La industria farmacéutica es, según la ONU,  una de las que más beneficios obtiene, tan sólo por detrás del comercio de armas y del narcotráfico.

Según el British Medical Journal, resulta fácil inventarse nuevas enfermedades y tratamientos. Muchos procesos normales de la vida pueden medicalizarse. El aumento de los diagnósticos en los países industrializados ha adoptado unas proporciones grotescas. Los médicos dicen haber hallado alrededor de treinta mil epidemias, síndromes, trastornos y enfermedades en el Homo Sapiens. Para cada enfermedad hay una pastilla. Cada vez con mayor frecuencia, para cada nueva pastilla hay una nueva enfermedad. Esto se conoce como disease mongering (tráfico de enfermedades). Los traficantes de enfermedades obtienen su dinero gracias a las personas sanas a las que convencen de que están enfermas.

Una vez una enfermedad inventada se ha introducido en la conciencia de la gente, los pacientes y la seguridad social pagan los medicamentos y las terapias correspondientes. Hasta el momento, todas las reformas de la sanidad han obviado la oportunidad de acabar con la medicalización: no existen obstáculos para la explotación legal de la seguridad social y de los crédulos que lo pagamos de nuestro bolsillo.

BigPharma es la asociación que aglutina a las grandes multinacionales del sector farmacéutico, estas empresas generan unos beneficios económicos superiores a cualquier otro sector de la economía, es decir, el comercio de algo tan fundamental para la vida como las medicinas es uno de los negocios más lucrativos que existen y supera la línea de la inmoralidad con creces. Este negocio se fundamenta en dos grandes pilares: las patentes y la regulación del comercio.

En el caso de España existen dos tipos de patentes médicas: por un lado están las patentes de procedimiento que se otorgan a los medicamentos anteriores al año 1992 y que duran diez años; por otro lado están las patentes de producto que tienen una duración de veinte años. Esto significa que durante veinte años nadie puede fabricar ni comercializar sin permiso expreso de la empresa propietaria ninguno de los medicamentos patentados.

La industria farmacéutica se defiende diciendo que si no existieran las patentes no habría innovación ni investigación en fármacos puesto que sin la exclusividad del comercio no se pueden pagar los altos costes de la investigación. Esto está muy bien, sin embargo, el sistema de patentes hace muchos años que funciona y la tasa de innovación disminuye año tras año. Lo único que aumenta es el número de medicamentos réplica (medicamentos básicamente iguales a los ya existentes) que no aportan ningún beneficio terapéutico pero que contribuyen a la cuenta de beneficios de estas empresas.

También hay que destacar que la industria se defiende diciendo que sin investigación los países más pobres jamás podrán superar su continuo estado de emergencia sanitaria. No obstante, apenas el 1% de los medicamentos que aparecen tienen relación con las enfermedades que devastan a esos países ya que todo el capital científico de las empresas se destina a la creación de fármacos encaminados a la venta en los países más desarrollados donde los beneficios son inmensamente mayores.

Es evidente que el uso de las patentes sólo sirve para una cosa: dejar morir a 30.000 personas diariamente por no tener acceso a medicamentos esenciales y a que haya más de 2.000 millones de personas no tengan acceso a la asistencia sanitaria básica.

Un ejemplo de cómo actúan estas compañías: en nuestro país Farmaindustria (así se llama la patronal del sector) propuso hace unos años al gobierno español invertir 300 millones de euros en investigación de enfermedades raras durante cinco años, a cambio de tan generoso gesto pidieron que se endureciera la protección sobre las patentes de fármacos (al parecer veinte años de monopolio les parece poco tiempo para forrarse).

Como vemos las farmacéuticas prefieren dedicar su esfuerzo a producir medicamentos para las sociedades opulentas, a pesar de que pudiera parecer que con la universalidad de la asistencia sanitaria (en estas sociedades) debería ser justo lo contrario puesto que gozamos de una elevada calidad de vida según la OMS. ¿Qué es lo que nos venden?

Las grandes empresas dedican un tercio de sus ingresos y de su personal a lanzar medicamentos al mercado, a sabiendas de que cuentan con la complicidad de la administración y de un amplio porcentaje del sector médico dispuesto a vender sus conocimientos para servir a sus intereses. Pero no se contentan con eso, sino que su estrategia fundamental es el trato directo con el paciente/consumidor despertando su necesidad de un tratamiento médico. No es casualidad el auge de la automedicación y de las revisiones constantes fomentadas desde todos los ámbitos de la sociedad (centros educativos, de trabajo, médicos y medios de comunicación). En este sentido, la industria llega a crear asociaciones de personas afectadas para dar a conocer las enfermedades a toda la población.

Las cinco variantes del comercio de enfermedades con personas sanas:

-         La venta de procesos normales de la vida como problemas médicos.

El colesterol es un componente vital del cuerpo humano, y el cerebro, por ejemplo, precisa grandes cantidades de colesterol: el órgano pensante se compone entre un 10 y hasta un 20% de colesterol. La mayoría de las células del cuerpo pueden fabricarlo cuando no está presente en la alimentación. Afortunadamente, pues sin esta molécula las células irían a pique. Sin embargo, nos sentimos aterrorizados ante la idea de un colesterol elevado, ¿por qué?

El colesterol no fue malo hasta que se lanzó una campaña mundial detrás de la cual estaban la farmacéutica Pzifer, Roche Diagnostics, la fabricante de margarina Becel y asociaciaciones de cardiólogos privados. Entre todos ellos, inventaron estudios, fijaron los niveles a partir de los cuales era malo tener colesterol e idearon las supuestas soluciones. No existen estudios científicos que demuestren que tener más de 200 de colesterol sea peligroso, sin embargo, millones de personas se medican diariamente por esta razón.

-         La venta de riesgos como enfermedad.

El claro ejemplo es la osteoporosis, que ha pasado, en pocos años, de ser una posible complicación normal que sucede con la edad, a una dolencia que afecta a todas las mujeres y, cada día que pasa, a más hombres. Este cambio inducido por la industria y secundado por los médicos ha posibilitado la venta de millones de tratamientos.

-         La venta de síntomas poco frecuentes como epidemias de extraordinaria propagación.

Un ejemplo usual es la disfunción eréctil. Desde la aparición de la Viagra, Pfizer (su fabricante) ha inundado los medios con estudios que aseguran que su prevalencia es del 50% (unos de cada dos hombres la padece). Baste decir que el índice más alto encontrado en un estudio científico serio en España es del 12%.

Pero, los hay de proporciones gigantescas como las diferentes variantes de gripe (aviar, porcina,...) que periódicamente amenazan con acabar con la humanidad.

-         La venta de síntomas leves como indicios de enfermedades más graves.

Aquí podríamos hablar del síndrome del colon irritable, grave enfermedad fruto de tres años de una agresiva campaña de marketing de la compañía GlaxoSmithKline. Esta campaña consiguió que este síndrome pasara de trastorno psicosomático a enfermedad real precursora de otras mucho peores (menos mal que ya tenían el medicamento preparado para vender que si no...).

-         La venta de problemas personales y sociales como problemas médicos.

Es increíble cómo se puede presentar el estado de ánimo de cualquier persona como enfermedad psiquiátrica. Un ejemplo: la empresa Roche lanzó una campaña en Alemania por la que de la noche a la mañana millones de personas que, hasta ese momento eran tímidos, pasaron a sufrir un grave trastorno conocido como fobia social que, afortunadamente se logra estabilizar (que no curar) con un antidepresivo oportunamente comercializado por Roche.

Este apartado es especialmente importante porque no sólo lucra a las farmacéuticas sino que ha encontrado la total complicidad de los aparatos sanitarios estatales hasta tal punto que hoy en día cualquier médico de familia te receta un antidepresivo (basta decir que no puedes levantarte por las mañanas) o un tranquilizante (para poder descansar por la noche) si se lo pides. Hace años esto quedaba estrictamente enmarcado en el ámbito de la salud mental pero gracias a la acción del Estado se ha convertido en una de las mejoras formas de control social (encima lucrativa a más no poder).

Toda esta situación se ha favorecido con la regulación del comercio de medicinas. Aquí aparece en escena la OMC (Organización Mundial del Comercio) que no es otra cosa que un lugar donde los países más ricos imponen su ley al resto del mundo. Este club de comerciantes que es la OMC se refiere a las medicinas como mercancía cuya finalidad es servir a la rentabilidad de las empresas farmacéuticas. La OMC ha proclamado con los hechos que el derecho al comercio y al lucro prevalece sobre el derecho de los seres humanos. Esto ha provocado que, por ejemplo, Pfizer (primera compañía mundial) tiene un presupuesto anual superior al PIB de un país como Suecia.

Las leyes del mercado no son las únicas que impulsan la propagación de la medicina. Su rápido avance también se debe a que desde hace décadas la medicina no ha conseguido ningún éxito. Curiosamente, coincide bastante en el tiempo el momento en que dejan de producirse avances médicos con el momento en que se regula el comercio y se declara a los medicamentos como una mercancía cualquiera. A partir de ese momento, el objetivo de la investigación médica cambia y deja de buscar soluciones a las enfermedades para empezar a buscar medicamentos que cronifiquen los problemas pero que no los solucionen. Para hacernos una idea del negocio de la medicalización baste decir que mientras la Organización Mundial de la Salud reconoce que hay apenas unos 400 medicamentos útiles para la salud humana, alrededor del mundo se comercializan más de 50.000.

En los países ricos los medicamentos suponen alrededor del 30% de todo el gasto en salud. En España el gasto sanitario público ronda los 65.000 millones de euros, es decir, que alrededor de 20.000 millones se destina a medicamentos y terapias.

Este enorme coste se suele justificar, como hemos visto, con el argumento de que las compañías farmacéuticas invierten sus beneficios en la investigación y desarrollo de nuevos productos que alargan la vida, mejoran la calidad de vida y evitan tener que recurrir a tratamientos más costosos. Pero la realidad es que la industria farmacéutica invierte el doble en promoción que en I+D, que ésta no es ni debería ser tan cara como se dice, y que la mayoría de los nuevos fármacos no son en realidad tan nuevos, sino versiones modificadas de otros ya disponibles y menos costosos. Se dice que un medicamento es eficaz cuando en realidad sólo es superior a un placebo en algún aspecto (y no necesariamente en todos). Para aprobar un nuevo fármaco, la legislación de la UE sólo exige que se demuestre que es superior a placebo como si viviéramos en un vacío terapéutico. Antes de su aprobación, los nuevos fármacos no son comparados con los anteriormente disponibles. Una vez más, vemos como toda la legislación está encaminada a favorecer el negocio de las grandes empresas. Hasta en el caso de la salud de los seres humanos, lo primero es el beneficio económico.

En la UE, la Agencia Europea para la regulación de los medicamentos es la encargada de decidir que medicamentos pueden ser vendidos debido a su efecto beneficioso sobre la salud. Sin embargo, la Agencia Europea recibe el 80% de su presupuesto directamente de la industria farmacéutica con lo que nos podemos imaginar su objetividad a la hora de regular este tema.

Los dirigentes de las compañías farmacéuticas rinden cuentas ante los accionistas y este hecho explica su comportamiento, pero los dirigentes del Estado y de los sistemas de salud deberían rendir cuentas ante el pueblo. Cuentas sobre su responsabilidad por la patología de origen iatrogénico. Cuentas sobre su responsabilidad por el expolio económico y cultural del sistema de salud por la industria tecnológica. Cuentas sobre la transparencia en la toma de decisiones.

Finalmente, en esta sociedad jerarquizada en la que vivimos la medicina, en formas diferentes según la cultura, ha sido y es una forma de poder (dominación sobre los demás) basada en la magia. Sólo que en la actualidad la magia se reviste de argumentos aparentemente científicos. La atención a la salud está cada día más impregnada de valores de mercado, y las funciones de cuidar, curar y rehabilitar han perdido la centralidad. Es el ejercicio de este poder lo que una vez más une a los grandes capitalistas con los Estados. Beneficios económicos para el Capital y control social para el Estado. Esta es la combinación perfecta para que nada cambie.

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EL CONSENSO DE WASHINGTON MÁS VIGENTE QUE NUNCA

El “Consenso de Washington” es un término que acuñó en 1990 John Williamson para referirse a los instrumentos de política y dominación económica neoliberal llevadas a cabo desde los años 70 con el objetivo de instaurar un sistema capitalista global basado en el libre mercado a la medida de las grandes corporaciones y los grandes inversionistas como paradigma único para la economía tras la caída del socialismo como sistema económico.
Recibe este nombre porque es la política que EEUU apoya oficialmente para implantarla en el resto de países (en los USA el libre mercado no es tan puro como quieren que lo sea en el resto del mundo, no hay más que ver las subvenciones gubernamentales a la agricultura). Cuando decimos Estados Unidos nos referimos a la FED (Reserva Federal), al Departamento del Tesoro y a las grandes instituciones financieras internacionales (FMI, BM, OMC, Bancos de Desarrollo Continentales,...) creadas con el único propósito de servir a los intereses norteamericanos y dominadas por ellos.

Estas políticas tienen su fundamento teórico en la Universidad de Chicago cuyo máximo exponente fue Milton Friedman (que vio respaldado su trabajo a favor del capitalismo salvaje con el premio Nobel de economía en 1976). De esta Universidad han salido y siguen saliendo docenas de economistas que ocupan altos cargos en todas las instituciones mencionadas anteriormente y, también, gran cantidad de asesores económicos que trabajan codo con codo con muchos gobiernos alrededor del mundo.

El “Consenso de Washington” se basa en diez pilares fundamentales, a modo de diez mandamientos, en torno a los que giran todas las decisiones a tomar:

1- Disciplina presupuestaria: la primera premisa se refiere a la ausencia de déficit fiscal y a la necesidad de presentar unos presupuestos balanceados. Este equilibrio fiscal jamás ha sido alcanzado por ningún país (como ejemplo los de siempre: para flipar el déficit fiscal de Estados Unidos). Sin embargo, esta imposibilidad no es un obstáculo para obligar a la mayoría de países a drásticos recortes en el gasto público (de lo que hablaremos en el siguiente punto) que conllevan un dramático deterioro de todos los servicios imprescindibles para tener una esperanza y calidad de vida mínimamente decentes.
2- Prioridades en el gasto público: bajo este bonito título se esconde la necesidad de reducir el gasto público. Rápidamente, se deja de invertir el dinero del pueblo en los sistemas de salud, educación, seguridad social, suministros,... esto deja el camino abierto a las privatizaciones y al monopolio del país por parte de una pequeña elite económica. Muchos países que viven situaciones dramáticas se ven obligados a suprimir las subvenciones a los productos alimentarios dejando el precio de estos en manos de buitres especuladores que a la velocidad de la luz condenan a la hambruna a millones de personas.
Otro efecto habitual de esta política, es el despido masivo de funcionarios. En la mayoría de regiones el Estado es el mayor empleador y, por tanto, estos despidos provocan un alto nivel de paro, exclusión y pobreza.
3- Reforma fiscal: se trata de establecer la amplitud de la base tributaria dejando la tasa tributaria marginal en un nivel más que moderado. Estas expresiones sin sentido se traducen a la hora de la verdad en que el mayor peso fiscal recae en las rentas medias (que son la mayoría en los países industrializados) y bajas (la mayoría en los países con economías de subsistencia) mientras que las rentas más altas soportan niveles moderados de presión fiscal (cosa que no les molesta en absoluto pero sirve para tergiversar la opinión pública en este tema).
4- Liberalización financiera: esto consiste en que sean los famosos mercados los que decidan los tipos de interés (a través de los respectivos Bancos Centrales). Obviamente, deciden su aumento porque así reciben mayores ganancias con sus inversiones en los países que optan por estas políticas. Por contra, los ciudadanos de esos mismos países se encuentran con la imposibilidad de obtener créditos a bajo interés con lo que la mayoría de pequeños empresarios (agricultores, comerciantes, ganaderos, pescadores...) acaban perdiendo sus trabajos y con ellos el sustento que les permite vivir.
5- Tipos de cambio: con esto se pretende establecer el clima necesario para que el flujo de exportaciones/importaciones siempre sea beneficioso a las grandes corporaciones que rapiñan los países donde intervienen.
6- Liberalización comercial: más bien debería llamarse liberalización de las importaciones, factor este muy importante en el deterioro económico y social. Esta política significa la eliminación de aranceles sobre los productos importados (que por norma general son más baratos que los nacionales debido a generosas subvenciones estatales o a la explotación sufrida por los que los producen) y la entrada masiva en el mercado nacional provocando la quiebra de empresas y miles de despidos. Junto a esto, se produce una reorientación de la economía desde la autosuficiencia a la exportación. Así países que producían suficiente para su autoconsumo se convierten en campos y talleres de mano de obra barata trabajando para satisfacer las ambiciones económicas de grandes corporaciones. Automáticamente los recursos naturales valiosos son expoliados para la exportación dejando a los nativos en una situación de pobreza e inseguridad alimentaria absolutas.
7- Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas: su nombre deja claro qué se quiere conseguir. Se les ponen tantas facilidades a las empresas foráneas que incluso se les deja llevarse todos los beneficios sin la obligación de invertir ni dejar nada en el país donde operan. Por si fuera poco les fabrican marcos reguladores como los TLC para que tengan total inmunidad en el ámbito legal.
8- Privatización: este es uno de los dogmas más potentes del Consenso: la creencia en la eficiencia superior de la empresa privada. La transferencia de instituciones públicas a manos privadas repercute directamente en el día a día de los ciudadanos, se traduce en la reducción de los servicios públicos y en un aumento de precio para estos mismos servicios (siempre disfrazado bajo el pretexto de la eficiencia y la rapidez), se aumenta el número de despidos y, finalmente, se llega a la práctica aniquilación de los derechos laborales.
9- Desregulación: imprescindible para que sectores enteros de la economía de los países puedan pasar a manos privadas y controlar de esta manera el Estado.
10- Garantía de los derechos de propiedad: este aspecto suele ser poco comentado pero indica ni más ni menos que los Estados (o sea los ciudadanos) deberán pagar siempre por usar la tecnología que les imponen, incluyendo aquí bienes tan imprescindibles como la comida y los medicamentos, que siempre serán fuente de negocio para las transnacionales.

Estas reglas, que claramente son incompatibles con el desarrollo humano de los países, han sido impuestas una y otra vez gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones financieras internacionales y al aparato de represión de los diferentes Estados apoyados por el siempre amigo Estados Unidos. A lo largo de los últimos cuarenta años se han sucedido las dictaduras, las guerras y las revueltas represivas que han ido unidos irremediablemente a la imposición de una economía neoliberal que ha llevado al desequilibrio total de las sociedades. Desde las dictaduras del Cono Sur, pasando por las del Magreb, siguiendo por la guerra de los Balcanes y las de Irak, las múltiples guerras en el África subsahariana y muchas otras; han servido como preparación para imponer este modelo. También ha sido impuesto a través del chantaje directo del FMI y BM como en la Polonia de Solidaridad, la Rusia de Yeltsin, los países del sudeste asiático o la Sudáfrica de Mandela.
Millones de personas han sido asesinadas, torturadas y condenadas a la pobreza extrema por los terroristas financieros que dirigen la economía mundial y siguen haciéndolo a día de hoy.


A principios del presente siglo, tras las primeras protestas masivas contra la globalización, se intentó vender que el consenso había muerto porque era inaceptable (que lo es) regirse por un modelo que no tenía ningún interés en el bienestar de la población, la justicia social, los problemas de equidad,... Sin embargo, no fueron más que meras campañas publicitarias orquestadas por todos los que se benefician de esto, incluyendo las corporaciones que controlan los medios de comunicación.
A pesar de esto, seguimos viendo a día de hoy que no sólo siguen siendo las reglas del juego sino que además se han extendido a todo el mundo. No sólo se utilizan en países en vías de desarrollo, ahora se han extendido por todo el planeta. Basta con ver las decisiones tomadas en Europa en los últimos años desde que se aprobara el Tratado de Maastrich que viene a ser un Consenso a la europea.
A modo de ejemplo, podemos ver las decisiones tomadas en España en los últimos tiempos en nombre de la deuda. Desregulación y liberalización del mercado energético (ahora se reparten el pastel más empresas pero las facturas suben a velocidades astronómicas); privatización de todo lo posible (hasta las loterías del Estado, pasando por los transportes, la salud, la educación y un largo etcétera); recortes del gasto público especialmente en todo lo que tiene que ver con pensiones y empleo público; recortes en derechos laborales (hasta el punto de poner al mando al ejército con la excusa de la huelga de los controladores o de declarar ilegal la huelga en el metro de Madrid). Podríamos seguir con muchas más (ahora mismo se acaba de acordar el aumento de la edad de jubilación y la famosa Ley Sinde entre otros atentados a los derechos de los ciudadanos) y otras muchas que, sin duda, llegarán ya sea con este gobierno o con el próximo. Lo que está más que claro es que por mucha crisis que nos vendan, el avance del capitalismo salvaje está alcanzando cotas insospechadas hace unos años y como consecuencia de ello el nivel de vida en todo el mundo se va miserabilizando a marchas forzadas, para muchos esto significa una condena a muerte, para otros un retroceso en su nivel de vida y de libertades sin precedentes, para los menos un aumento de sus riquezas.

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Patentes y el derecho a la vida

La inclusión del recorte del gasto médico en la lista de actuaciones propuestas para atajar el gasto público en España pone de nuevo a la industria farmacéutica en el punto de mira.

BigPharma es la asociación que aglutina a las grandes multinacionales del sector farmacéutico, estas empresas generan unos beneficios económicos superiores a cualquier otro sector de la economía, es decir, el comercio de algo tan fundamental para la vida como las medicinas es uno de los negocios más lucrativos que existen y supera la línea de la inmoralidad con creces. Este negocio se fundamenta en dos grandes pilares: las patentes y la regulación del comercio.

Una patente se otorga por parte de un gobierno cuando alguien (empresa farmacéutica) presenta una nueva medicina que supone un avance médico. Esta patente otorga el privilegio de explotación en exclusiva a esa empresa durante un determinado periodo de tiempo. En el caso de España existen dos tipos de patentes médicas: por un lado están las patentes de procedimiento que se otorgan a los medicamentos anteriores al año 1992 y que duran diez años, por otro lado están las patentes de producto que tienen una duración de veinte años. Esto significa que durante veinte años nadie puede fabricar ni comercializar sin permiso expreso de la empresa propietaria ninguno de los medicamentos patentados. En la práctica esto no es otra cosa que un monopolio, lo que en apariencia no deja de ser una contradicción en este mundo de la libre empresa.
La industria farmacéutica se defiende diciendo que si no existieran las patentes no habría innovación ni investigación en fármacos puesto que sin la exclusividad del comercio no se pueden pagar los altos costes de la investigación. Esto está muy bien, sin embargo, el sistema de patentes hace muchos años que funciona y la tasa de innovación disminuye año tras año. Lo único que aumenta es el número de medicamentos réplica (medicamentos básicamente iguales a los ya existentes) que no aportan ningún beneficio terapéutico pero que contribuyen a la cuenta de beneficios de estas empresas.
También hay que destacar que la industria se defiende diciendo que sin investigación los países más pobres jamás podrán superar su continuo estado de emergencia sanitaria. No obstante, apenas el 1% de los medicamentos que aparecen tienen relación con las enfermedades que devastan a esos países ya que todo el capital científico de las empresas se destina a la creación de fármacos encaminados a la venta en los países más desarrollados donde los beneficios son inmensamente mayores.

Es evidente que el uso de las patentes sólo sirve para una cosa: dejar morir a 30.000 personas diariamente por no tener acceso a medicamentos esenciales y a que haya más de 2.000 millones de personas no tengan acceso a la asistencia sanitaria básica.
Un ejemplo de cómo actúan estas compañías: en nuestro país Farmaindustria (así se llama la patronal del sector) propuso hace unos años al gobierno español invertir 300 millones de euros en investigación de enfermedades raras durante cinco años, a cambio de tan generoso gesto pidieron que se endureciera la protección sobre las patentes de fármacos (al parecer veinte años de monopolio les parece poco tiempo para forrarse)

El otro pilar del poder de la industria farmacéutica es la regulación del comercio de medicinas. Aquí aparece en escena la OMC (Organización Mundial del Comercio) que no es otra cosa que un lugar donde los países más ricos imponen su ley al resto del mundo. Este club de comerciantes que es la OMC se refiere a las medicinas como mercancía cuya finalidad es servir a la rentabilidad de las empresas farmacéuticas. Esto es así y todos tan tranquilos, poco les importa a ellos que la gente muera por culpa del afán de riqueza de los magnates farmacéuticos.
Ante el innegable exterminio en masa que supone el comercio de fármacos la OMC estableció algunas excepciones dentro de los acuerdos TRIPS que son los encargados de regular este comercio.
Estableció las llamadas licencias obligatorias que permiten obviar las patentes para garantizar la salud pública. Esto sólo lo pueden hacer aquellos países que cuentan con laboratorios propios lo cual excluye a la mayoría de los países más necesitados.
También se crearon las importaciones paralelas: derecho a importar medicamentos de esos pocos países con capacidad para producir medicinas baratas sin autorización del propietario de las patentes.
Estas dos excepciones en la práctica son casi imposibles de llevar a cabo debido a las fuertes restricciones que las economías potentes inflingen a las pobres. Multitud de envíos de medinas genéricas producidas en la India y destinadas a países pobres se han visto secuestrados en algún puerto o aeropuerto europeo sin que ninguna autoridad haya hecho nada al respecto.

Creemos imprescindible acabar con el poder de la industria farmacéutica si queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir. Podemos empezar por obligar a los sistemas sanitarios públicos a no recetar otros medicamentos que no sean genéricos. Los estímulos a la investigación deben venir por el lado de las administraciones públicas y las universidades para acabar con este sistema de patentes que sólo sirve para aniquilar a millones de personas al año. Si no establecemos el derecho a la vida como algo innegable es que no merecemos llamarnos seres humanos. Cualquier tipo de comercio referido a la salud debe quedar fuera del alcance de aquellos que sólo viven para enriquecerse a costa del sufrimiento humano, es el momento de establecer unas nuevas normas y dejar fuera de servicio a una entidad como la OMC que sólo vela por los intereses de los más ricos.
El sistema de patentes y el uso que de él hacen las compañías farmacéuticas debería ser declarado crimen contra la humanidad.