El Gobierno español ha conseguido finalmente la cuadratura del círculo con un nuevo paso en la implementación de las teorías económicas neoliberales en España. El camino ha sido difícil pero ya podemos considerarnos como los mejores vasallos del poder financiero que domina los designios del mundo.
Tras las multimillonarias ayudas al sector bancario (curioso este tema: por un lado necesitan miles de millones de dinero público y, por otro lado, resulta que son los bancos más sólidos de Europa), la reforma laboral que socava los derechos de los trabajadores, el recorte de salarios en las administraciones públicos, la congelación de las pensiones y el fondo de 13.500 millones para las cajas de ahorros; ahora lanza el ataque final y aprueba la reforma de la LORCA (Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros).
El presidente “socialista” (con lo de socialista se referirán a sociedades anónimas por que si no, no se entiende) ha manifestado que es la reforma más importante del sistema bancario español de la historia (es curioso que dicha reforma sólo se centre en las cajas de ahorro que apenas conforman la mitad de ese sistema) y que cuenta con el apoyo de la oposición. Hay que ver, lo mal que se llevan socialistas y populares y lo poco que les cuesta ponerse de acuerdo sobre temas económicos. No hay nada como tener a las instituciones internacionales dictando las políticas a seguir para conseguir el consenso entre “enemigos políticos”.
Bueno, vayamos al grano de por qué la reforma de la LORCA nos lleva hacia la desaparición del sistema de cajas de ahorro.
Las cajas de ahorro son, en teoría, entidades sin ánimo de lucro. Por ley deben dedicar un mínimo del 50% de sus beneficios a un fondo para asegurar su solvencia y el resto a Obra Social. Normalmente, se destina entre el 60% y el 70% a dicho fondo. Huelga decir que al no tener dividendos que repartir no hay accionistas privados ni cotizan en bolsa.
Tras la reforma se establecen una serie de cuestiones encaminadas, se mire por donde se mire, a privatizar a las cajas y convertirlas en bancos comerciales al uso:
Permite emitir cuotas participativas, es decir, acciones como en las sociedades anónimas, por un valor no superior al 50% del patrimonio de la entidad.
Establece la incompatibilidad de los cargos públicos electos para ser miembros de los órganos de dirección y se impide la participación de representantes de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.
Las entidades podrán ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y podrán optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, así como transformarse en una fundación renunciando a su condición de caja.
Esta reforma nos lleva hacia el siguiente panorama, gracias a la política económica neoliberal del gobierno:
Con los miles de millones de dinero público inyectados en sus cuentas, bancos como el Santander o el BBVA podrán apoderarse de las cajas de ahorro y, de paso, de los miles de millones de dinero público que obtuvieron a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). O sea, un negocio redondo que no les va a costar un céntimo. Lógicamente, al convertirse en accionistas no les queda otra que apartar a los políticos de los órganos de decisión de las cajas para que se puedan sentar los banqueros (toma premio gordo para los culpables de las crisis financieras, en lugar de castigarles les encumbramos). También es obvio que si emiten acciones la mayor parte saldrán del capital que hasta ahora se dedica a Obra Social, puesto que deben seguir invirtiendo un mínimo del 50% de beneficios en el fondo de solvencia.
Una vez todo esto suceda, el siguiente paso es que las cajas cedan su capital a los bancos y acaben convirtiéndose en fundaciones que gestionen la escasa Obra Social que quede, con lo que en pocos años el sistema de cajas de ahorro habrá desaparecido y su Obra Social también. Como no esperamos que ni los bancos ni el gobierno asuman ese gasto social podemos concluir que una gran mayoría de proyectos sociales serán cancelados para siempre, dando otro paso de gigante hacia el fin del estado del bienestar y la privatización de todo servicio público.
Tras las multimillonarias ayudas al sector bancario (curioso este tema: por un lado necesitan miles de millones de dinero público y, por otro lado, resulta que son los bancos más sólidos de Europa), la reforma laboral que socava los derechos de los trabajadores, el recorte de salarios en las administraciones públicos, la congelación de las pensiones y el fondo de 13.500 millones para las cajas de ahorros; ahora lanza el ataque final y aprueba la reforma de la LORCA (Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros).
El presidente “socialista” (con lo de socialista se referirán a sociedades anónimas por que si no, no se entiende) ha manifestado que es la reforma más importante del sistema bancario español de la historia (es curioso que dicha reforma sólo se centre en las cajas de ahorro que apenas conforman la mitad de ese sistema) y que cuenta con el apoyo de la oposición. Hay que ver, lo mal que se llevan socialistas y populares y lo poco que les cuesta ponerse de acuerdo sobre temas económicos. No hay nada como tener a las instituciones internacionales dictando las políticas a seguir para conseguir el consenso entre “enemigos políticos”.
Bueno, vayamos al grano de por qué la reforma de la LORCA nos lleva hacia la desaparición del sistema de cajas de ahorro.
Las cajas de ahorro son, en teoría, entidades sin ánimo de lucro. Por ley deben dedicar un mínimo del 50% de sus beneficios a un fondo para asegurar su solvencia y el resto a Obra Social. Normalmente, se destina entre el 60% y el 70% a dicho fondo. Huelga decir que al no tener dividendos que repartir no hay accionistas privados ni cotizan en bolsa.
Tras la reforma se establecen una serie de cuestiones encaminadas, se mire por donde se mire, a privatizar a las cajas y convertirlas en bancos comerciales al uso:
Permite emitir cuotas participativas, es decir, acciones como en las sociedades anónimas, por un valor no superior al 50% del patrimonio de la entidad.
Establece la incompatibilidad de los cargos públicos electos para ser miembros de los órganos de dirección y se impide la participación de representantes de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.
Las entidades podrán ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y podrán optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, así como transformarse en una fundación renunciando a su condición de caja.
Esta reforma nos lleva hacia el siguiente panorama, gracias a la política económica neoliberal del gobierno:
Con los miles de millones de dinero público inyectados en sus cuentas, bancos como el Santander o el BBVA podrán apoderarse de las cajas de ahorro y, de paso, de los miles de millones de dinero público que obtuvieron a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). O sea, un negocio redondo que no les va a costar un céntimo. Lógicamente, al convertirse en accionistas no les queda otra que apartar a los políticos de los órganos de decisión de las cajas para que se puedan sentar los banqueros (toma premio gordo para los culpables de las crisis financieras, en lugar de castigarles les encumbramos). También es obvio que si emiten acciones la mayor parte saldrán del capital que hasta ahora se dedica a Obra Social, puesto que deben seguir invirtiendo un mínimo del 50% de beneficios en el fondo de solvencia.
Una vez todo esto suceda, el siguiente paso es que las cajas cedan su capital a los bancos y acaben convirtiéndose en fundaciones que gestionen la escasa Obra Social que quede, con lo que en pocos años el sistema de cajas de ahorro habrá desaparecido y su Obra Social también. Como no esperamos que ni los bancos ni el gobierno asuman ese gasto social podemos concluir que una gran mayoría de proyectos sociales serán cancelados para siempre, dando otro paso de gigante hacia el fin del estado del bienestar y la privatización de todo servicio público.
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