sábado, 26 de junio de 2010

Patentes y el derecho a la vida

La inclusión del recorte del gasto médico en la lista de actuaciones propuestas para atajar el gasto público en España pone de nuevo a la industria farmacéutica en el punto de mira.

BigPharma es la asociación que aglutina a las grandes multinacionales del sector farmacéutico, estas empresas generan unos beneficios económicos superiores a cualquier otro sector de la economía, es decir, el comercio de algo tan fundamental para la vida como las medicinas es uno de los negocios más lucrativos que existen y supera la línea de la inmoralidad con creces. Este negocio se fundamenta en dos grandes pilares: las patentes y la regulación del comercio.

Una patente se otorga por parte de un gobierno cuando alguien (empresa farmacéutica) presenta una nueva medicina que supone un avance médico. Esta patente otorga el privilegio de explotación en exclusiva a esa empresa durante un determinado periodo de tiempo. En el caso de España existen dos tipos de patentes médicas: por un lado están las patentes de procedimiento que se otorgan a los medicamentos anteriores al año 1992 y que duran diez años, por otro lado están las patentes de producto que tienen una duración de veinte años. Esto significa que durante veinte años nadie puede fabricar ni comercializar sin permiso expreso de la empresa propietaria ninguno de los medicamentos patentados. En la práctica esto no es otra cosa que un monopolio, lo que en apariencia no deja de ser una contradicción en este mundo de la libre empresa.
La industria farmacéutica se defiende diciendo que si no existieran las patentes no habría innovación ni investigación en fármacos puesto que sin la exclusividad del comercio no se pueden pagar los altos costes de la investigación. Esto está muy bien, sin embargo, el sistema de patentes hace muchos años que funciona y la tasa de innovación disminuye año tras año. Lo único que aumenta es el número de medicamentos réplica (medicamentos básicamente iguales a los ya existentes) que no aportan ningún beneficio terapéutico pero que contribuyen a la cuenta de beneficios de estas empresas.
También hay que destacar que la industria se defiende diciendo que sin investigación los países más pobres jamás podrán superar su continuo estado de emergencia sanitaria. No obstante, apenas el 1% de los medicamentos que aparecen tienen relación con las enfermedades que devastan a esos países ya que todo el capital científico de las empresas se destina a la creación de fármacos encaminados a la venta en los países más desarrollados donde los beneficios son inmensamente mayores.

Es evidente que el uso de las patentes sólo sirve para una cosa: dejar morir a 30.000 personas diariamente por no tener acceso a medicamentos esenciales y a que haya más de 2.000 millones de personas no tengan acceso a la asistencia sanitaria básica.
Un ejemplo de cómo actúan estas compañías: en nuestro país Farmaindustria (así se llama la patronal del sector) propuso hace unos años al gobierno español invertir 300 millones de euros en investigación de enfermedades raras durante cinco años, a cambio de tan generoso gesto pidieron que se endureciera la protección sobre las patentes de fármacos (al parecer veinte años de monopolio les parece poco tiempo para forrarse)

El otro pilar del poder de la industria farmacéutica es la regulación del comercio de medicinas. Aquí aparece en escena la OMC (Organización Mundial del Comercio) que no es otra cosa que un lugar donde los países más ricos imponen su ley al resto del mundo. Este club de comerciantes que es la OMC se refiere a las medicinas como mercancía cuya finalidad es servir a la rentabilidad de las empresas farmacéuticas. Esto es así y todos tan tranquilos, poco les importa a ellos que la gente muera por culpa del afán de riqueza de los magnates farmacéuticos.
Ante el innegable exterminio en masa que supone el comercio de fármacos la OMC estableció algunas excepciones dentro de los acuerdos TRIPS que son los encargados de regular este comercio.
Estableció las llamadas licencias obligatorias que permiten obviar las patentes para garantizar la salud pública. Esto sólo lo pueden hacer aquellos países que cuentan con laboratorios propios lo cual excluye a la mayoría de los países más necesitados.
También se crearon las importaciones paralelas: derecho a importar medicamentos de esos pocos países con capacidad para producir medicinas baratas sin autorización del propietario de las patentes.
Estas dos excepciones en la práctica son casi imposibles de llevar a cabo debido a las fuertes restricciones que las economías potentes inflingen a las pobres. Multitud de envíos de medinas genéricas producidas en la India y destinadas a países pobres se han visto secuestrados en algún puerto o aeropuerto europeo sin que ninguna autoridad haya hecho nada al respecto.

Creemos imprescindible acabar con el poder de la industria farmacéutica si queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir. Podemos empezar por obligar a los sistemas sanitarios públicos a no recetar otros medicamentos que no sean genéricos. Los estímulos a la investigación deben venir por el lado de las administraciones públicas y las universidades para acabar con este sistema de patentes que sólo sirve para aniquilar a millones de personas al año. Si no establecemos el derecho a la vida como algo innegable es que no merecemos llamarnos seres humanos. Cualquier tipo de comercio referido a la salud debe quedar fuera del alcance de aquellos que sólo viven para enriquecerse a costa del sufrimiento humano, es el momento de establecer unas nuevas normas y dejar fuera de servicio a una entidad como la OMC que sólo vela por los intereses de los más ricos.
El sistema de patentes y el uso que de él hacen las compañías farmacéuticas debería ser declarado crimen contra la humanidad.