domingo, 15 de enero de 2012

REFORMA LABORAL PARA JÓVENES: La esclavitud se convierte en ley.

En los últimos dos años se han realizado tres reformas referidas al trabajo de los jóvenes para tratar de combatir (sic) el altísimo paro juvenil que ronda el 50% oficialmente pero que como todos sabemos a estas alturas, eso implica un número mucho mayor. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que alrededor del 80% del empleo que se destruye es el que realizan los jóvenes.

Los “entendidos en la materia” explican este índice de paro debido a la rigidez del mercado de trabajo y el alto índice de fracaso escolar que hace que muchos jóvenes no tengan ningún tipo de titulación. Sin embargo, esto choca con el tan cacareado mantra de que estamos ante la generación de jóvenes más preparada de la historia (esta última afirmación debería hacernos reflexionar acerca del sistema de educación-adoctrinamiento que llevamos padeciendo desde hace décadas).

Veamos cómo estas tres reformas han acercado a los jóvenes al mundo de la esclavitud, perdón, del trabajo.

PRIMERA REFORMA LABORAL (Ley 35/2010)
Se modifican los contratos para la formación y el aprendizaje y el contrato en prácticas reconociéndoles, por fin, protección por desempleo. Esto que parece un acierto total, tiene su truco. Los costes sociales de dicha protección (lo que pagan empresas y trabajadores a la seguridad social) no recaen en las empresas que tienen sus cuotas bonificadas por el Estado, la parte de los trabajadores también está exenta aunque aquí se compensa con sueldos raquíticos, sin olvidar que cuando decimos que paga el Estado estamos diciendo que pagamos todos.

También se promociona el contrato de fomento indefinido para jóvenes, esto es, un contrato indefinido con una indemnización por despedido menor de lo normal (o sea más que ridícula). Este contrato también tiene las cuotas a la Seguridad Social subvencionadas por cortesía del pueblo.

SEGUNDA REFORMA (Real Decreto Ley 10/2011 )
Se vuelve a reformar el contrato para la formación y el aprendizaje. La principal novedad es la ampliación por decreto ley de la época vital conocida como juventud. A partir de este momento, se extiende hasta los 30 años (antes era hasta los 25). También se amplia la duración mínima del contrato de seis meses a un año. Esta consideración va muy en la línea que mantienen los Estados acerca de la “inmadurez” del pueblo, en la que se escudan para hacer y deshacer a su antojo.

Todo esto se traduce en contratos precarios y flexibles (cómo les gusta esta palabra) sobre todo en condiciones y retribución para todos aquellos entre 16 y 30 años. A esto se le suman las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social que como es costumbre para el fomento del empleo corren a cargo de los contribuyentes.

TERCERA REFORMA (Real Decreto 1543/2011)
Se regulan las prácticas no laborables en empresas. Este nuevo decreto es el reconocimiento explícito del fracaso de las anteriores reformas sobre el “empleo juvenil” (esta modalidad es para gente entre 18 y 25 años), sin embargo, lejos de tratar de revertir la situación tan precaria en que se encuentra esta población dan un paso más allá y lanzan una nueva modalidad de trabajo: el trabajo-miseria.

El trabajo-miseria es un mecanismo previo de inserción laboral para gente joven con cualificación profesional pero sin experiencia laboral o casi.

La denominación de no laboral se refiere a que no se percibe un salario a cambio. Como, de momento, la esclavitud explícita no está permitida se dispone que las empresas den una beca a sus trabajadores por el 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos o Múltiples) que es de 532.51 euros al mes. Es decir, que “cobrarán” una beca de 426 euros al mes por trabajar. Así es, se legaliza el trabajo con retribuciones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional que teóricamente es lo mínimo que un trabajador puede cobrar para poder subsistir.

Todo este tinglado de las prácticas no laborales se organiza de la siguiente manera:

- Se establecen convenios de colaboración entre empresas y servicios públicos de empleo.

- El proceso de selección corre a cargo de las empresas.

- Las prácticas son dirigidas y supervisadas por un tutor en la empresa.

- El periodo de duración es de entre seis y nueve meses.

- Se les incluye en el régimen de la Seguridad Social pero no a efectos de desempleo.

Esta nueva reforma presenta a las empresas como un modelo a seguir por su compromiso moral con la formación de nuestros jóvenes. La cruda realidad es que esta reforma viene a legalizar el tener trabajando a personal cualificado durante nueve meses por un sueldo de 426 euros al mes.

Visto lo visto, hemos llegado a un punto de no retorno, a partir del cual las cosas sólo pueden empeorar. Teniendo en cuenta que ya se ha legalizado el trabajo esclavista para los jóvenes, los siguientes pasos que, por lógica, se van a dar van a ser la extensión de estas mismas condiciones para todos los trabajadores. Y es que nuestros políticos han hecho suyo el lema de repartir el trabajo y la riqueza, lo que pasa que la segunda parte no la han comprendido bien y sólo reparten la riqueza entre aquellos que ya se han adueñado de ella.

Yendo un paso más allá, y haciendo un poco de política ficción, se puede intuir que en próximas fechas las nuevas reformas irán encaminadas a trabajar a cambio de nada y, finalmente, a pagar por trabajar. Siempre que no nos decidamos de una vez, a hacer valer nuestras fuerza como trabajadores y realizar nuestra propia reforma laboral consistente en la toma de los medios de producción y en la consecuente abolición del trabajo asalariado.

lunes, 2 de enero de 2012

LA MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA

“La medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano”. Aldous Huxley.

La industria farmacéutica es, según la ONU,  una de las que más beneficios obtiene, tan sólo por detrás del comercio de armas y del narcotráfico.

Según el British Medical Journal, resulta fácil inventarse nuevas enfermedades y tratamientos. Muchos procesos normales de la vida pueden medicalizarse. El aumento de los diagnósticos en los países industrializados ha adoptado unas proporciones grotescas. Los médicos dicen haber hallado alrededor de treinta mil epidemias, síndromes, trastornos y enfermedades en el Homo Sapiens. Para cada enfermedad hay una pastilla. Cada vez con mayor frecuencia, para cada nueva pastilla hay una nueva enfermedad. Esto se conoce como disease mongering (tráfico de enfermedades). Los traficantes de enfermedades obtienen su dinero gracias a las personas sanas a las que convencen de que están enfermas.
Una vez una enfermedad inventada se ha introducido en la conciencia de la gente, los pacientes y la seguridad social pagan los medicamentos y las terapias correspondientes. Hasta el momento, todas las reformas de la sanidad han obviado la oportunidad de acabar con la medicalización: no existen obstáculos para la explotación legal de la seguridad social y de los crédulos que lo pagamos de nuestro bolsillo.
BigPharma es la asociación que aglutina a las grandes multinacionales del sector farmacéutico, estas empresas generan unos beneficios económicos superiores a cualquier otro sector de la economía, es decir, el comercio de algo tan fundamental para la vida como las medicinas es uno de los negocios más lucrativos que existen y supera la línea de la inmoralidad con creces. Este negocio se fundamenta en dos grandes pilares: las patentes y la regulación del comercio.
En el caso de España existen dos tipos de patentes médicas: por un lado están las patentes de procedimiento que se otorgan a los medicamentos anteriores al año 1992 y que duran diez años; por otro lado están las patentes de producto que tienen una duración de veinte años. Esto significa que durante veinte años nadie puede fabricar ni comercializar sin permiso expreso de la empresa propietaria ninguno de los medicamentos patentados.
La industria farmacéutica se defiende diciendo que si no existieran las patentes no habría innovación ni investigación en fármacos puesto que sin la exclusividad del comercio no se pueden pagar los altos costes de la investigación. Esto está muy bien, sin embargo, el sistema de patentes hace muchos años que funciona y la tasa de innovación disminuye año tras año. Lo único que aumenta es el número de medicamentos réplica (medicamentos básicamente iguales a los ya existentes) que no aportan ningún beneficio terapéutico pero que contribuyen a la cuenta de beneficios de estas empresas.
También hay que destacar que la industria se defiende diciendo que sin investigación los países más pobres jamás podrán superar su continuo estado de emergencia sanitaria. No obstante, apenas el 1% de los medicamentos que aparecen tienen relación con las enfermedades que devastan a esos países ya que todo el capital científico de las empresas se destina a la creación de fármacos encaminados a la venta en los países más desarrollados donde los beneficios son inmensamente mayores.
Es evidente que el uso de las patentes sólo sirve para una cosa: dejar morir a 30.000 personas diariamente por no tener acceso a medicamentos esenciales y a que haya más de 2.000 millones de personas no tengan acceso a la asistencia sanitaria básica.
Un ejemplo de cómo actúan estas compañías: en nuestro país Farmaindustria (así se llama la patronal del sector) propuso hace unos años al gobierno español invertir 300 millones de euros en investigación de enfermedades raras durante cinco años, a cambio de tan generoso gesto pidieron que se endureciera la protección sobre las patentes de fármacos (al parecer veinte años de monopolio les parece poco tiempo para forrarse).

Como vemos las farmacéuticas prefieren dedicar su esfuerzo a producir medicamentos para las sociedades opulentas, a pesar de que pudiera parecer que con la universalidad de la asistencia sanitaria (en estas sociedades) debería ser justo lo contrario puesto que gozamos de una elevada calidad de vida según la OMS. ¿Qué es lo que nos venden?

Las grandes empresas dedican un tercio de sus ingresos y de su personal a lanzar medicamentos al mercado, a sabiendas de que cuentan con la complicidad de la administración y de un amplio porcentaje del sector médico dispuesto a vender sus conocimientos para servir a sus intereses. Pero no se contentan con eso, sino que su estrategia fundamental es el trato directo con el paciente/consumidor despertando su necesidad de un tratamiento médico. No es casualidad el auge de la automedicación y de las revisiones constantes fomentadas desde todos los ámbitos de la sociedad (centros educativos, de trabajo, médicos y medios de comunicación). En este sentido, la industria llega a crear asociaciones de personas afectadas para dar a conocer las enfermedades a toda la población.

Las cinco variantes del comercio de enfermedades con personas sanas:
-         La venta de procesos normales de la vida como problemas médicos.
El colesterol es un componente vital del cuerpo humano, y el cerebro, por ejemplo, precisa grandes cantidades de colesterol: el órgano pensante se compone entre un 10 y hasta un 20% de colesterol. La mayoría de las células del cuerpo pueden fabricarlo cuando no está presente en la alimentación. Afortunadamente, pues sin esta molécula las células irían a pique. Sin embargo, nos sentimos aterrorizados ante la idea de un colesterol elevado, ¿por qué?
El colesterol no fue malo hasta que se lanzó una campaña mundial detrás de la cual estaban la farmacéutica Pzifer, Roche Diagnostics, la fabricante de margarina Becel y asociaciaciones de cardiólogos privados. Entre todos ellos, inventaron estudios, fijaron los niveles a partir de los cuales era malo tener colesterol e idearon las supuestas soluciones. No existen estudios científicos que demuestren que tener más de 200 de colesterol sea peligroso, sin embargo, millones de personas se medican diariamente por esta razón.
-         La venta de riesgos como enfermedad.
El claro ejemplo es la osteoporosis, que ha pasado, en pocos años, de ser una posible complicación normal que sucede con la edad, a una dolencia que afecta a todas las mujeres y, cada día que pasa, a más hombres. Este cambio inducido por la industria y secundado por los médicos ha posibilitado la venta de millones de tratamientos.
-         La venta de síntomas poco frecuentes como epidemias de extraordinaria propagación.
Un ejemplo usual es la disfunción eréctil. Desde la aparición de la Viagra, Pfizer (su fabricante) ha inundado los medios con estudios que aseguran que su prevalencia es del 50% (unos de cada dos hombres la padece). Baste decir que el índice más alto encontrado en un estudio científico serio en España es del 12%.
Pero, los hay de proporciones gigantescas como las diferentes variantes de gripe (aviar, porcina,...) que periódicamente amenazan con acabar con la humanidad.
-         La venta de síntomas leves como indicios de enfermedades más graves.
Aquí podríamos hablar del síndrome del colon irritable, grave enfermedad fruto de tres años de una agresiva campaña de marketing de la compañía GlaxoSmithKline. Esta campaña consiguió que este síndrome pasara de trastorno psicosomático a enfermedad real precursora de otras mucho peores (menos mal que ya tenían el medicamento preparado para vender que si no...).
-         La venta de problemas personales y sociales como problemas médicos.
Es increíble cómo se puede presentar el estado de ánimo de cualquier persona como enfermedad psiquiátrica. Un ejemplo: la empresa Roche lanzó una campaña en Alemania por la que de la noche a la mañana millones de personas que, hasta ese momento eran tímidos, pasaron a sufrir un grave trastorno conocido como fobia social que, afortunadamente se logra estabilizar (que no curar) con un antidepresivo oportunamente comercializado por Roche.
Este apartado es especialmente importante porque no sólo lucra a las farmacéuticas sino que ha encontrado la total complicidad de los aparatos sanitarios estatales hasta tal punto que hoy en día cualquier médico de familia te receta un antidepresivo (basta decir que no puedes levantarte por las mañanas) o un tranquilizante (para poder descansar por la noche) si se lo pides. Hace años esto quedaba estrictamente enmarcado en el ámbito de la salud mental pero gracias a la acción del Estado se ha convertido en una de las mejoras formas de control social (encima lucrativa a más no poder).

Toda esta situación se ha favorecido con la regulación del comercio de medicinas. Aquí aparece en escena la OMC (Organización Mundial del Comercio) que no es otra cosa que un lugar donde los países más ricos imponen su ley al resto del mundo. Este club de comerciantes que es la OMC se refiere a las medicinas como mercancía cuya finalidad es servir a la rentabilidad de las empresas farmacéuticas. La OMC ha proclamado con los hechos que el derecho al comercio y al lucro prevalece sobre el derecho de los seres humanos. Esto ha provocado que, por ejemplo, Pfizer (primera compañía mundial) tiene un presupuesto anual superior al PIB de un país como Suecia.
Las leyes del mercado no son las únicas que impulsan la propagación de la medicina. Su rápido avance también se debe a que desde hace décadas la medicina no ha conseguido ningún éxito. Curiosamente, coincide bastante en el tiempo el momento en que dejan de producirse avances médicos con el momento en que se regula el comercio y se declara a los medicamentos como una mercancía cualquiera. A partir de ese momento, el objetivo de la investigación médica cambia y deja de buscar soluciones a las enfermedades para empezar a buscar medicamentos que cronifiquen los problemas pero que no los solucionen. Para hacernos una idea del negocio de la medicalización baste decir que mientras la Organización Mundial de la Salud reconoce que hay apenas unos 400 medicamentos útiles para la salud humana, alrededor del mundo se comercializan más de 50.000.


En los países ricos los medicamentos suponen alrededor del 30% de todo el gasto en salud. En España el gasto sanitario público ronda los 65.000 millones de euros, es decir, que alrededor de 20.000 millones se destina a medicamentos y terapias.
Este enorme coste se suele justificar, como hemos visto, con el argumento de que las compañías farmacéuticas invierten sus beneficios en la investigación y desarrollo de nuevos productos que alargan la vida, mejoran la calidad de vida y evitan tener que recurrir a tratamientos más costosos. Pero la realidad es que la industria farmacéutica invierte el doble en promoción que en I+D, que ésta no es ni debería ser tan cara como se dice, y que la mayoría de los nuevos fármacos no son en realidad tan nuevos, sino versiones modificadas de otros ya disponibles y menos costosos. Se dice que un medicamento es eficaz cuando en realidad sólo es superior a un placebo en algún aspecto (y no necesariamente en todos). Para aprobar un nuevo fármaco, la legislación de la UE sólo exige que se demuestre que es superior a placebo como si viviéramos en un vacío terapéutico. Antes de su aprobación, los nuevos fármacos no son comparados con los anteriormente disponibles. Una vez más, vemos como toda la legislación está encaminada a favorecer el negocio de las grandes empresas. Hasta en el caso de la salud de los seres humanos, lo primero es el beneficio económico.

En la UE, la Agencia Europea para la regulación de los medicamentos es la encargada de decidir que medicamentos pueden ser vendidos debido a su efecto beneficioso sobre la salud. Sin embargo, la Agencia Europea recibe el 80% de su presupuesto directamente de la industria farmacéutica con lo que nos podemos imaginar su objetividad a la hora de regular este tema.

Los dirigentes de las compañías farmacéuticas rinden cuentas ante los accionistas y este hecho explica su comportamiento, pero los dirigentes del Estado y de los sistemas de salud deberían rendir cuentas ante el pueblo. Cuentas sobre su responsabilidad por la patología de origen iatrogénico. Cuentas sobre su responsabilidad por el expolio económico y cultural del sistema de salud por la industria tecnológica. Cuentas sobre la transparencia en la toma de decisiones.

Finalmente, en esta sociedad jerarquizada en la que vivimos la medicina, en formas diferentes según la cultura, ha sido y es una forma de poder (dominación sobre los demás) basada en la magia. Sólo que en la actualidad la magia se reviste de argumentos aparentemente científicos. La atención a la salud está cada día más impregnada de valores de mercado, y las funciones de cuidar, curar y rehabilitar han perdido la centralidad. Es el ejercicio de este poder lo que una vez más une a los grandes capitalistas con los Estados. Beneficios económicos para el Capital y control social para el Estado. Esta es la combinación perfecta para que nada cambie.

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viernes, 16 de diciembre de 2011

¿DESMANTELANDO EL ESTADO?

Recortes, supresiones, reducciones, ajustes y demás vocablos están presentes a todas horas desde el inicio de esta crisis. A todas horas se encargan los medios de propaganda oficial de recordarnos cómo el Estado se desmorona debido al enorme agujero que debe tapar en las cuentas públicas. Sin embargo, en ninguno de estos medios aparece un pequeño matiz que cambia totalmente el significado de estas expresiones. Lo que se viene abajo no es el Estado sino las prestaciones que hasta hace poco venía ofreciendo a la ciudadanía, por el contrario, éste está más fuerte que nunca.

Hay varios datos que demuestran la fortaleza estatal en estos tiempos en los que las personas vivimos con la soga al cuello. Estos datos vienen a demostrar cuál es la verdadera naturaleza del Estado y a qué cuestiones jamás renunciará.

Primero tenemos el consabido gasto militar (no debemos olvidar que el ejército es la entidad fundamental del Estado sea cual sea el momento histórico). En este país poco importa la crisis cuando se trata de tener contentos a nuestros militares. Sistemáticamente, el gasto militar va incrementándose año tras año (a pesar de que intentan disimularlo con una mínima bajada del presupuesto de “defensa” que compensan con creces a través de partidas desperdigadas por diversos ministerios como el de Industria). El pasado año, en plena crisis económica y con los recortes sociales y reformas laborales ahogando al pueblo, el Estado gastó más de 18.000 millones de euros en este apartado, 3.000 millones de euros más que en 2004 cuando estábamos en pleno auge económico. Además el mal llamado Ministerio de Defensa acumula una deuda de más de 30.000 millones de euros a causa de sus continuas inversiones en programas militares. Por supuesto, esta deuda será saldada a costa del pueblo.

Segundo, el ejército de ocupación interior. En la actualidad, los diferentes cuerpos de policía suman un total de unos 300.000 efectivos que como hemos visto últimamente, están perfectamente armados y adiestrados para atacar a la ciudadanía. Jamás en la historia del Estado Español ha existido una fuerza policial tan numerosa como en la actualidad y, constantemente, se va engordando esa cifra. Este hecho contrasta mucho con tener uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa, sin embargo, tiene mucho que ver con la necesidad de control social que tiene el ente estatal. Si sumamos el número de policías y militares nos encontramos con una cifra que supera el medio millón, es decir, un siervo del Estado perfectamente entrenado y con un arsenal de destrucción a su alcance, por cada 90 personas.
La cifra es suficientemente elocuente para ver bien a las claras dónde tiene el Estado sus prioridades.

Por si esto fuera poco, hay una última cuestión más que destacable. A pesar de la ola privatizadora de las últimas décadas, hay una empresa pública (de las más rentables) sobre la cual jamás ha recaído esta amenaza. La SIEP (Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) es la empresa pública que gestiona todas las fases de la construcción de cárceles en este país. Baste decir que en el marco del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios 2005-2012 se han creado o están a punto de hacerlo 46 centros penitenciarios (11 de los cuales son macrocárceles que pueden albergar a unos 2.000 presos cada una). Sólo la construcción de uno de estos macropenales cuesta alrededor de 110 millones (luego llega el gasto que conlleva su funcionamiento) que se conceden a la constructora de turno (¿crisis del ladrillo?).
El presupuesto anual de prisiones asciende a los 1.184 millones de euros. Cada plaza carcelaria cuesta alrededor de treinta y seis mil euros al año que se desglosan de la siguiente forma: 18.000 euros para la constructora, 12.000 euros para funcionarios y personal externo, 6.000 euros para gastos corrientes y servicios, 0 euros para el recluso.
Pero la SIEP lejos de limitarse a esto, es una multinacional que participa en el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de prisiones por todo el mundo (Angola, Brasil, Qatar, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Noruega,...).
A todo este dispendio/negocio hay que sumarle los entre 300 y 500 euros por día que reciben algunas “ONG’s” (que me expliquen lo de no gubernamental) por cada menor recluido en los centros que regentan.

Todo este es el gasto del que jamás prescindirá el Estado por mucho que nos diga lo imprescindible de los recortes. Esto pone de manifiesto la auténtica cara del ente estatal y su papel en el sistema social de la humanidad. Finalmente, se desvela que dentro del par Estado-Capital, el primero se encarga de velar por la seguridad del segundo y de mantener una guerra (en todos los frentes) contra la sociedad. Porque un capitalismo no asistido, no mantenido y periódicamente reconstituido por el ente estatal es impensable e imposible, por eso, el Estado debe mantener al pueblo bajo un férreo control.

En palabras de Galeano en su Patas arriba: El Estado debe ocuparse de la disciplina de la mano de obra barata, condenada a salarios enanos, y de la represión de las peligrosas legiones de brazos que no encuentran trabajo: un estado juez y gendarme y poco más. En muchos países del mundo, la justicia social ha sido reducida a justicia penal. El Estado vela por la seguridad pública: de los otros servicios, ya se encargará el mercado; y de la pobreza, gente pobre, regiones pobres, ya se ocupará Dios, si la policía no alcanza. Aunque la administración pública quiera disfrazarse de madre piadosa, no tiene más remedio que consagrar sus menguadas energías a las funciones de vigilancia y castigo.
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jueves, 1 de diciembre de 2011

NUEVA LEY: LA JUSTICIA ES PARA LOS RICOS

El pasado 1 de noviembre entró en vigor, sin apenas ruido, la Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal. El objetivo teórico de esta nueva ley es aliviar la sobrecarga que sufre de manera crónica la administración de justicia (y eso que jamás se ha juzgado ni se juzgará de verdad a los mayores delincuentes del Estado). Sin embargo, como cualquier avispado lector ya se está imaginando, la verdadera finalidad de la ley es favorecer al Estado y a los grandes capitalistas frente al resto de los mortales.


Ahora iremos viendo el porqué de esta afirmación.

Las reformas aprobadas afectan a los procesos civiles y a los de carácter contencioso-administrativo, es decir, pleitos contra Administraciones públicas.

Por lo que respecta a los procesos civiles:

- La más destacada de las modificaciones es la nueva regulación del desahucio del arrendatario por impago de renta o cantidades asimiladas a la misma (luz, agua, impuesto sobre bienes inmuebles,...) De ahora en adelante, cuando un propietario presente una demanda por impago, el secretario judicial dará 10 días al inquilino para que pague, se largue o presente alegaciones (con lo que supone para alguien que no puede pagar el alquiler tener que recurrir a abogados y procuradores). Al cabo de este plazo si no se ha hecho nada, el mismo secretario judicial señalará fecha de desahucio sin necesidad de ningún juicio.
Es necesario destacar, que hasta ahora no se protegía tanto a los propietarios de vivienda en alquiler ya que solían ser personas sin importancia, es curioso que se haga justo en el momento en que las entidades financieras se convierten en los principales acumuladores de viviendas. Como vemos, otra ley más al servicio del capital.

- No menos importante es la limitación del acceso al sistema de recursos para las personas con un nivel de renta insignificante para el sistema. Esta limitación afecta tanto a lo civil como a lo contencioso-administrativo. La reforma dice que para poder interponer recursos de casación ante el Tribunal Supremo la cuantía que está en juego en dicho proceso deberá ser superior a los 600 mil euros (antes el mínimo era de 150 mil) El Estado asegura que este tipo de recursos queden sólo a disposición de los ciudadanos que manejan “negocios” de estas cantidades, es decir, los ciudadanos de primera clase. Así los señores del Supremo ven reducido su trabajo al eliminar todos los asuntos de poca monta pertenecientes a los ciudadanos de segunda.

Procesos en lo contencioso-administrativo:

- De la misma forma, se limita la posibilidad de interponer recurso de apelación ordinaria (segunda instancia) para los asuntos de menos de 30 mil euros (antes eran 18 mil).

- Se instaura la regla general de imposición de costas al litigante que ve desestimada su causa, es decir, a partir de ahora (como ya sucedía en los procesos civiles) el que pierde paga. Lo que pasa que aquí una de las partes (la Administración pública) tiene innumerables recursos: abogados, procuradores, peritos, expertos... (que pagamos todos) y la otra normalmente no los tiene. Así si pierde la Administración sólo paga al abogado y procurador del contrincante (con el dinero de todos claro está) pero si pierde el ciudadano el dispendio probablemente le arruine de por vida. De esta forma, el Estado afianza su fortaleza ante los ciudadanos pobres y los somete todavía más esgrimiendo una vez más una de sus armas más poderosas: el miedo.

Además de esta ley, en los últimos tiempos se han aprobado otras dos medidas que inciden nuevamente en favorecer al capital frente a los trabajadores:

- Modificación de la Ley Concursal que pretende “ofrecer a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación” en el proceso de cierre concursal. Esto es justo todo lo contrario que le ofrecen a todos aquellos que se ven obligados a abandonar su hogar.
- Ley de Jurisdicción Social que posibilita “un tratamiento uniforme del accidente de trabajo” pero que sobre todo se dirige a fomentar la conciliación extrajudicial, es decir, acuerdo directo trabajador-empresa (como si tuvieran el mismo poder negociador).


Finalmente, pero no menos importante, tenemos el asunto del turno de oficio. Sistemáticamente, todas las Comunidades Autónomas han dejado de pagar a los abogados del turno de oficio. Como sabemos, estos son los abogados a los que se recurre cuando no se tienen ingentes cantidades de dinero. A modo de ejemplo: en la Comunidad de Madrid se adeudan más de 20 millones de euros y en la Comunidad Valenciana más de 10 millones. Es precisamente esta última Comunidad la que ha dado en el clavo sobre el futuro que se quiere para el turno de oficio (ya que, de momento, no se plantea su erradicación total, aunque tiempo al tiempo): ha pedido que se permitan fórmulas alternativas a la gestión de la justicia gratuita. Esta alternativa no es más que subcontratar el servicio con despachos privados.

Con todas estas medidas, leyes e ideas podemos afirmar que la administración de justicia queda prohibida de manera definitiva para la clase trabajadora y se reserva sólo para servir a los intereses del Estado y del Capital. Históricamente esto ha sido siempre así, la diferencia es que a partir de ahora lo es por ley y no sólo por costumbre.

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martes, 15 de noviembre de 2011

EL NUEVO MODELO DEMOCRÁTICO: GRECIA E ITALIA

En los últimos días hemos asistido a una nueva evolución de este sistema democrático que nos han vendido como el único posible. En una nueva vuelta de tuerca, los grandes capitalistas han decidido dejarse de farsas y pasar de las elecciones (la gran fiesta de la democracia, o eso nos dicen a todas horas) para colocar a los jefes de Gobierno de Grecia e Italia.


Tanto Papandreu como Berlusconi (tiene huevos que con todos los motivos que ha dado este energúmeno, para largarlo de su puesto y del planeta ya puestos, haya tenido que ser esa cosa llamada mercado financiero la que le haya hecho dimitir) han salido por la puerta de atrás a la mínima que no han seguido al pie de la letra los deseos de las instituciones financieras. En su lugar se ha colocado a dos personajes que son vendidos como “expertos” que han venido para salvar la papeleta de sus respectivos países. Veamos quiénes son estos salvapatrias.

Lucas Papadimos es un doctor en economía graduado en el MIT. Fue economista jefe del Banco Central Griego desde 1985 hasta 1993. A partir de 1994 y hasta 2002 fue el gobernador de dicho banco, desde ahí dio el salto y se convirtió en la mano derecha de Trichet en el BCE hasta 2008. Es decir, un artífice de la gran mentira económica griega y actor principal de la dictadura del BCE, tiene que salvar a Grecia del fondo del pozo donde ha contribuido sobremanera a meterla.

Mario Monti fue comisario europeo durante muchos años (con varios gobiernos italianos) además de rector de la universidad de Bocconi, en la Comisión europea ha tenido la máxima responsabilidad en áreas como mercado interior y competencia. Este buen hombre ha sido (o lo es) asesor de compañías como Coca Cola y Goldman Sachs (curiosamente durante la época en que este banco ayudó a expoliar a Grecia). Para mayor gloria, ha sido un miembro importante de la Comisión Trilateral cuyo objetivo principal es imponer el capitalismo salvaje por todo el mundo.

Situados los sujetos, no hace falta mucha imaginación para saber cuáles van a ser las políticas aplicadas a partir de ya en estos dos países: más de lo mismo tirando a peor, es decir, adiós a cualquier atisbo de justicia económica y derechos de cualquier tipo para el pueblo.

De todo esto, hay una conclusión inevitable y es que la democracia ha muerto y, por tanto, debemos abandonar toda esperanza de cambiar el sistema desde dentro. El último bastión democrático que le quedaba a todos aquellos que todavía tenían fe en este sistema de representación ha sido eliminado de un plumazo. Finalmente, hemos visto que la soberanía no reside en el pueblo sino en el gran capital. La voluntad del pueblo ha sido violada y aniquilada de un plumazo con la complicidad de políticos y medios de comunicación que no han tenido ningún rubor en legitimar lo que claramente es un Golpe de Estado.
La confirmación de que vivimos bajo el yugo de una dictadura es tan evidente que el circo electoral que estamos viviendo en España en estos momentos toma tintes dramáticos cuando veo a tanta gente con verdadera voluntad de cambio que todavía ve posible que todo se arregle con un resultado electoral favorable a un determinado partido (sea el que sea). Sólo el pueblo es el legítimo dueño de la soberanía y visto lo visto sólo la podrá ejercer cuando todos nos decidamos a tomar las riendas de nuestras vidas sin ningún tipo de intermediario o representante.

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sábado, 5 de noviembre de 2011

REFERÉNDUM GRIEGO: ¡QUÉ BONITO FUE MIENTRAS DURÓ!

El anunciado referéndum griego vino a arrojar una débil luz sobre la oscuridad con la que el sistema capitalista nos ha envuelto a todos desde hace mucho tiempo.
Desde luego, este anuncio debía verse como una victoria del pueblo sobre la clase dirigente pero tampoco era como para volvernos locos de alegría. Simplemente fue un anuncio y, desde el principio, existían muchos factores de los que iba a depender que esta consulta (que en principio iba a realizarse el día 4 de diciembre) fuera el primer paso hacia una verdadera política del pueblo.

Contextualizando un poco la situación y a riesgo de simplificar demasiado, siendo como soy un lego en economía, Grecia lleva tiempo siendo sometida a la voluntad de los grandes bancos y capitalistas a través de los mandatos de sus brazos políticos (FMI, EU, BCE). Esto se ha traducido en una pérdida radical de derechos sociales, laborales y de cualquier índole. Ha condenado al paro a millones de griegos, ha forzado el éxodo de miles y otros tantos se han visto en la más absoluta de las miserias. Desde luego, la clase política griega lleva muchos años abonando el camino a base de engaños y estafas, siendo como han sido alumnos aventajados de la piratería política y del expolio de las riquezas de los ciudadanos.

Finalmente, el país se ha visto a las puertas de lo que la teoría capitalista denomina bancarrota, es decir, que ya no tienen de donde sacar ni un céntimo más. Es en este punto (y no antes) donde al Gobierno griego le entra la locura democrática y decide que sea el pueblo el que decida si hay que apretar el gatillo del arma que les está apuntando directamente al corazón.

Hasta este punto todo ha sido pesimismo, sin embargo, es justo reconocer que la convocatoria del referéndum no se hubiera producido si el pueblo griego se hubiera comportado como el dócil rebaño de ovejas que el sistema necesita. Esta consulta al pueblo sólo podría haber sido posible gracias a todas las luchas llevadas a cabo durante los últimos años por unos ciudadanos que jamás han perdido la fe en el poder del pueblo. Docenas de huelgas y luchas callejeras, protestas masivas, millares de golpes sufridos y tremendas represiones dignas de las más despiadadas dictaduras, no han conseguido acallar la voz de un pueblo que pide justicia y sobre todo que pide que les dejen decidir a ellos sobre su futuro.

Este acercamiento a lo que empezaría a parecerse a la auténtica democracia ha hecho enfurecer a la bestia y a todo su ejército que rápidamente anunciaron las calamitosas repercusiones que todo esto podía a tener: congelación de la próxima ayuda de 8.000 millones de euros, la bancarrota definitiva de Grecia, su probable salida del euro y un sinfín de lo que para el sistema son consecuencias negativas pero que para el pueblo supondría una bocanada de aire fresco ante una situación asfixiante. Hasta los políticos españoles salieron diciendo que el referéndum era una locura y que a quién se le ocurre preguntar al pueblo; en fin a los de aquí les conocemos de sobra. No obstante, lo que el sistema no ha dicho en ningún momento son las posibles repercusiones que tendría el hecho de que el pueblo griego decidiera por sí mismo su futuro y lo que supondría para la banca y los especuladores: un más que probable rechazo del plan de rescate aprobado por la Troika antes mencionada. Además del probable efecto contagioso que pudiera tener en la población de todos aquellos Estados sometidos al fraude de la deuda como es nuestro caso.

Después de todo lo dicho, el rugido de la bestia ha sido suficiente para destapar la estrategia del Gobierno griego que rápidamente se ha echado atrás y ha empezado a pactar una especie de gobierno de concentración nacional con la derecha (de esta forma, Papandreu consigue el verdadero objetivo de todo esto: no comerse el marrón él solito y mantener incólume la imagen del partida para próximas ediciones de la farsa electoral).

Por si alguien tenía dudas de quiénes son los que mandan lo volveremos a repetir: NO VIVIMOS EN UNA DEMOCRACIA, VIVIMOS BAJO UNA DICTADURA.

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martes, 18 de octubre de 2011

LA CRISIS SILENCIADA

Llevamos mucho tiempo hablando machaconamente sobre la crisis financiera que asola al mundo (sobre todo al mundo occidental no nos engañemos) y lo terriblemente mal que lo estamos pasando y lo peor que lo vamos a pasar.

Pero existe una crisis silenciada, mucho más terrible y con consecuencias infinitamente peores de la que apenas se habla sino es para hacer demostraciones de caridad: el hambre que día tras día mata a miles de seres humanos.

Organismos internacionales como la FAO se esfuerzan en hacernos creer que el hambre se debe a las malas cosechas, al incremento de la demanda de alimentos por parte de países emergentes y a la falta de recursos de muchos países. Por ello, constantemente, lanzan campañas de márketing reclamando la “solidaridad” de las gentes de buen vivir para que aporten (aportemos) nuestro granito de arena. Sin que sirva de precedente, he decidido hacer caso a esta organización dependiente de la ONU y voy a hacer mi aportación:

En primer lugar, quiero dejar las cosas claras. Existen seres humanos que mueren de hambre porque otros seres humanos así lo han decido y porque el resto lo permitimos y (queriendo o no) lo favorecemos.

La cuestión del hambre siempre ha sido política. La gente muere a causa de decisiones políticas. ¿Acaso alguien piensa que algún pueblo en la historia de la humanidad se asentó en un territorio que no garantizara su subsistencia? Por favor, no subestimemos a nadie. Las causas del hambre vienen de lejos pero quiero centrarme en la actualidad y ver como está el tema a día de hoy.

El primer factor a tener en cuenta son las políticas alimentarias llevadas a cabo por los llamados países del primer mundo. Estas políticas han convertido el derecho inalienable a alimentarse en un negocio. Los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales que los países más ricos han impuesto por todo el planeta han destruido la soberanía alimentaria de todos ellos. Por ejemplo, desde la firma del NAFTA, México ha pasado de exportar maíz a tener que importar una gran parte del maíz que consume llegando a producirse, en 2007, la tristemente famosa crisis de las tortas mexicanas debido al encarecimiento del precio de dicho alimento.
Los países ricos subvencionan su agricultura hasta la saciedad mientras impiden que los demás hagan lo mismo (en nombre de la liberalización de los mercados). Una vez hecho esto, les es muy fácil desembarcar en los mercados nacionales de estos países y reventar los precios haciendo que sus productos sean los consumidos y produciendo un efecto devastador: condenar a los millones de campesinos locales a tener que abandonar su modo de subsistencia y por tanto, a la muerte.
Por otro lado, estas políticas también han permitido que unas pocas transnacionales controlen el mercado de las semillas (en este tema no entraremos mucho pero para quien tenga interés, hay multitud de información sobre compañías como Monsanto) y, por tanto, controlen la producción de alimentos en el mundo.
A todo esto, hay que añadir las políticas coloniales e imperialistas que se han impuesto a la mayoría de países para que se especialicen en un sólo cultivo, de tal manera que la diversidad que garantizaba su soberanía alimentaria se ha ido al garete.

Otro apunte. En 1999 Goldman Sachs (¡cómo no!) llegó a un acuerdo con Bill Clinton (entonces presidente de los USA) para desregular el mercado alimentario. A partir de ese momento, el negocio sobre los alimentos no ha hecho más que crecer y la especulación sobre los precios a través de los “futuros” ha provocado más hambruna y muerte que cualquier catástrofe natural a lo largo de la historia. Especialmente, desde la caída del sector inmobiliario, la especulación sobre los precios de los alimentos (con sede, sobre todo, en la bolsa de Chicago) se ha incrementado enormemente. Sólo en el periodo comprendido entre 2003 y 2008 había aumentado la especulación en un 1900%, pasando de un valor de 13 billones de dólares a 260 billones de dólares.

Otro factor muy importante es la acumulación de tierras. Tanto países como fondos de inversión se han dedicado a comprar terrenos fértiles alrededor del mundo bajo el pretexto de garantizar su propia soberanía alimentaria (mostrando un desprecio absoluto por la de los países donde compraban los terrenos, mayoritariamente situados en África, Asia y América Latina). Sin embargo, estas tierras en una gran parte se dedican a monocultivos destinados a la producción de biocombustibles y que, por tanto, no son para consumo humano y es que la lógica de este sistema nos dice que es mejor alimentar a las máquinas que a los seres humanos. Un ejemplo de esta locura lo proporciona un estudio de la Africa Biodiversity Network que dice que un tercio de la selva de Mabira, reserva natural en Uganda (país que sufre la crisis alimentaria como pocos) se convertirá en una plantación de caña de azúcar para la producción de Etanol. Esta producción de biocombustibles tiene otra consecuencia: la subida desaforada de los precios de los alimentos, lo que condena a más personas a la muerte por no poder pagar por la comida que no le dejan producir.

Obviamente, esta crisis silenciada forma parte del gran problema de la humanidad que se llama capitalismo cuyo gran axioma es el beneficio por encima de todo y de todas las personas del mundo.


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